Ayer, en una sesión que se prolongó hasta las 3:48 de la mañana —reflejo de la relevancia de los temas en discusión—, la Cámara de Diputados recibió formalmente la minuta de reforma constitucional conocida como “Plan B”. Conviene precisar que, aunque el documento recibido aún hace referencia en su título a la revocación de mandato, el artículo 35 constitucional, el cual regula este instrumento de participación ciudadana, no sufrió modificación alguna en el Senado y permanecerá como está actualmente. No habrá revocación de mandato en 2027.
La minuta fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral, siguiendo la misma ruta legislativa de la primera iniciativa que buscaba modificar 11 artículos constitucionales y que fue desechada. Para que esta nueva reforma —que busca modificar 3 artículos de la Constitución— pueda aplicarse en el próximo proceso electoral, deberá aprobarse —junto con sus leyes secundarias— antes del 31 de mayo.
Entre los ajustes realizados en el Senado destaca uno que desde un inicio advertí: la necesidad de reincorporar el principio de paridad de género en los ayuntamientos. La paridad es un logro de la mujeres que no acepta retrocesos, ya que no puede ser optativa ni circunstancial; debe permanecer como un eje rector del orden constitucional.
Lo he dicho desde el principio de esta discusión pública, para que una reforma electoral trascienda como un instrumento legítimo y eficaz, resulta indispensable lograr los consensos y ser acompañado por todas las fuerzas políticas. Por mi parte, estaré atenta a su discusión en comisiones y, en su caso, a su recepción en la Mesa Directiva, para que al momento de su análisis en el Pleno de la Cámara de Diputados, tengamos un debate en donde se escuchen todas las voces de los grupos parlamentarios.
En paralelo, la Cámara de Diputados entra en una fase decisiva con la designación de tres nuevas consejerías del INE. El proceso, iniciado el 19 de marzo con la publicación de la convocatoria en la Gaceta Parlamentaria, avanza hacia su etapa de evaluación técnica. Sin embargo, más allá del cumplimiento formal, el reto central será político: construir los acuerdos necesarios para alcanzar la mayoría calificada en el Pleno. De no lograrse, la ley contempla mecanismos alternativos (tómbola) que, aunque legal, no sustituye el valor del consenso. Por ahora, el proceso sigue su curso y el plazo para que las personas interesadas presenten su documentación culmina el día de hoy.
Estos escenarios ilustran con claridad la naturaleza del trabajo legislativo: un espacio donde convergen decisiones de alto impacto constitucional con procesos institucionales que definen la estabilidad y credibilidad de los órganos democráticos del país.
El pilón
Es una decisión histórica que el Partido Acción Nacional, a través de su Presidente Nacional, Jorge Romero Herrera, haya abierto el cien por ciento de sus candidaturas a la ciudadanía. Dicha decisión es la respuesta a la exigencia de muchas personas que quieren formar parte de la toma de decisiones para resolver las prioridades ciudadanas. Esa decisión es clave porque la pluralidad y los contrapesos le hacen bien a México.