Mediante estas líneas, expreso mis sentidas condolencias a la familia, amigos y compañeros de trabajo de Ximena Guzmán y de José Muñoz, ambos, servidores públicos del gobierno de la Ciudad de México, así como a todos aquellos que han perdido a un familiar en esta ola de violencia.
La vida de cada mexicano es igualmente valiosa, por lo que ningún crimen debe quedar impune y se deben realizar investigaciones que garanticen que los delincuentes serán castigados y las víctimas encontrarán justicia.
Que un sicario, a plena luz del día, en una avenida principal, en la capital del país, con previa preparación, asesinara a sangre fría a dos personas que trabajaban en el servicio público, es el reflejo de que la violencia y la inseguridad se encuentran desbordadas. Nadie está seguro ni en esta ciudad ni en el resto de México.
Según las primeras indagatorias de la Fiscalía capitalina, este ataque fue planeado con anticipación, tenían experiencia previa y hubo una inversión considerable de recursos humanos, logísticos y materiales.
Las cifras oficiales reportan que bajo este régimen más de 212 mil personas han sido asesinadas y más de 65 mil se encuentran desaparecidas. Claramente, hay una ola de criminalidad en la que nadie está a salvo. Si los criminales le quitan la vida a dos servidores públicos de tan alto nivel, lo que le puede pasar a los demás mexicanos se avizora terrible. En este caso, hablamos de dos personas cuyo ejercicio del presupuesto, relaciones, poder e incidencia pública era muy grande y con todo ello, los criminales deben pensar que no serán sancionados.
Es momento de que el gobierno realice una amplia reflexión sobre el rumbo que están tomando sus fallidas estrategias de seguridad. Los mexicanos no merecen morir en las calles por la negligencia y omisión de unos cuantos. México necesita unión, seguridad y condiciones dignas para vivir.
El asesinato de estos dos cercanos colaboradores de la Jefa de Gobierno ha dejado al descubierto lo vulnerables que estamos todos los capitalinos, porque en México nadie está seguro.
El pilón:
En los últimos días, el régimen ha mostrado su rostro más autoritario, utilizando a las instituciones que imparten y administran justicia para cobrar sus venganzas personales.
Primero, en Tamaulipas, la exconsejera jurídica del gobierno estatal utiliza a la autoridad electoral para intentar silenciar al periodista Héctor de Mauleón y a este diario, EL UNIVERSAL, obligándolos a retirar las opiniones que la vinculan con supuestas redes de huachicol.
Después, en el Senado, un ciudadano es obligado a ofrecerle disculpas al Presidente de la Mesa Directiva por haberlo increpado en el aeropuerto.
Desde el poder público, están silenciando a todos aquellos que cuestionan, que alzan la voz o que piensan diferente. No cabe duda que muchos de los servidores públicos del régimen están abusando del poder.
Diputada federal
Kenia López Rabadán