Un joven salió de su casa en búsqueda de un trabajo honesto para ayudar a su familia. Lo que encontró en el camino fue dolor, desesperación, mentiras y su desaparición. Su familia no sabe si sigue con vida, aunque tras todos estos años, mantienen la esperanza de reencontrarse.
Las desgarradoras imágenes del centro de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, nos evocan testimonios como ese y nos obliga a reflexionar profundamente sobre la crisis de desapariciones en México. Sin duda, estamos ante la omisión y la inacción del gobierno, porque quienes en realidad están buscando con sus propios medios, con sus propias manos y con un profundo dolor en su corazón, son los colectivos de madres y padres buscadores.
Los datos lo dicen claramente, 1 de cada 2 desaparecidos que se han registrado en los últimos 70 años, son de este régimen. Han sido más de 6 años de abandono a las víctimas, de desatención a las madres buscadoras, de maquillaje de cifras y de desmantelamiento a las instituciones.
El gobierno ha apostado por desaparecer a los desaparecidos. Sí, los han desaparecido de las políticas públicas, de las menciones de las autoridades, del presupuesto y de las prioridades.
Según las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, cerca de 124 mil personas se encuentran en esa condición, por lo que, el gobierno federal no puede seguir evadiendo su responsabilidad y las administraciones estatales no pueden ser sólo expectantes. Debe existir corresponsabilidad, cooperación y sobre todo, se debe reconocer que los abrazos a la delincuencia organizada han generado una crisis de inseguridad y de violencia que debe cesar.
Los organismos internacionales como la ONU, han advertido sobre los grandes pendientes que tiene nuestro país en la materia. Por ejemplo, observaron que los censos realizados en la administración anterior fueron revictimizantes, estaban faltos de metodología, de transparencia y no garantizaban la participación de familiares de las víctimas.
Igualmente, han hecho hincapié en la crisis forense, ya que, según el último informe presentado por la Secretaría de Gobernación, a abril de 2023, había más de 52 mil restos y cuerpos humanos sin identificación. Casi dos años después, no existe una actualización de la cifra y peor aún, el Centro Nacional de Identificación Humana fue desmantelado y hoy, se encuentra en el abandono.
La misma suerte corre el registro de fosas clandestinas que, después de un par de años sigue sin actualizarse, contabilizando 2,800 sitios de hallazgo. El régimen ha preferido utilizar los recursos públicos para llenar el zócalo que en atender la crisis de desaparición e identificación forense.
Hoy más que nunca, se hace necesaria una política de Estado frente a esta crisis de violencia. México es una gran fosa común, llena de restos y cadáveres. El régimen no puede seguir abandonando su obligación de garantizar el derecho humano a ser buscado.
Diputada federal.
@kenialopezr
