El gobierno mexicano se encuentra en el ojo internacional. Lamentablemente, no es por sus resultados, sino por la crisis —generalizada y sistemática— de desaparecidos que no ha sido atendida con la importancia y urgencia que amerita.
Hoy, hay más de 127 mil víctimas de este delito que, día con día, van en aumento. Por ello, el pasado 4 de abril, el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU, anunció que aplicará el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y solicitará a México información sobre la situación que se vive en nuestro país. Lo anterior, para valorar si el tema debe ser llevado ante la Asamblea General para emitir recomendaciones y erradicar, de manera conjunta, este flagelo.
Desafortunadamente, en lugar de cooperar con este organismo internacional, el régimen ha iniciado una andanada de críticas y ataques en contra de la ONU. Incluso solicitaron, desde el Senado, que sea destituido el presidente del CED. Por si esto no fuera ya grave, la titular de la CNDH ha dicho que no permitirá que organismos internacionales intervengan en México por el tema de la desaparición de personas.
Es lamentable que el organismo protector de derechos humanos mexicano y las instituciones encargadas de atender las desapariciones, emitan este tipo de declaraciones, ya que dejan en desamparo a las víctimas. Negar la realidad no regresará a los desaparecidos con sus familias.
Las desapariciones dejaron de ser un crimen aislado para convertirse en uno generalizado y sistemático, esto es, ocurren en todo el país y existe un método, plan o política para cometer estos actos delictivos. Además, son una conducta que puede ser realizada tanto por agentes del Estado como por particulares bajo su consentimiento.
Es necesario corregir los errores y dejar de destruir las instituciones. Se redujo el presupuesto para la Comisión Nacional de Búsqueda; se desmanteló el Centro Nacional de Identificación Humana; desde 2023 no se ha actualizado el Registro Nacional de Fosas Clandestinas; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas está paralizada; y durante esta administración no ha sesionado el Sistema Nacional de Búsqueda.
Lo que debe hacerse es aceptar que 1 de cada 2 desaparecidos son de este régimen.
El gobierno debe aceptar que la ONU no es un enemigo. Urge coordinación y un mecanismo que se enfoque en frenar las desapariciones, que resuelva la crisis forense para identificar los restos humanos y se garantice verdad y justicia.
Los hallazgos en el rancho Izaguirre, pero sobre todo, cada imagen de las madres buscadoras que, con sus propias manos escarban para encontrar a sus seres queridos, nos deben tocar el corazón y nos debe obligar a encontrar soluciones para esta crisis.
Diputada federal.
@kenialopezr
