Cuando se silencia a un periodista, pierde México

Escribir sobre las condiciones en las que se ejerce el periodismo en México duele. Significa reconocer que esta profesión continúa siendo una actividad de alto riesgo en nuestro país. Informar nunca debería convertirse en una sentencia de muerte; sin embargo, las agresiones contra periodistas siguen siendo una dolorosa realidad.

Apenas el pasado 21 de julio, un periodista fue asesinado mientras desayunaba cerca de su domicilio en Oaxaca, un hecho que evidencia que la protección de quienes ejercen esta labor continúa siendo uno de los grandes pendientes del Estado mexicano. Con este caso, ya suman siete periodistas asesinados en lo que va del año.

Quienes deciden dedicarse al periodismo hacen posible que la sociedad conozca aquello que, en muchas ocasiones, otros prefieren mantener en silencio. Gracias a su trabajo, la ciudadanía puede informarse, cuestionar y formar una opinión libre sobre los asuntos públicos. Por ello, cuando un periodista es silenciado, no sólo pierde una persona o un gremio: pierde la sociedad en su conjunto. La protección de quienes ejercen esta labor debe ser una garantía efectiva y no una simple expectativa.

En México existe un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Su creación representó un avance importante; sin embargo, los hechos demuestran que, por sí solo, no ha sido suficiente. Es indispensable fortalecer nuestro marco jurídico para que la protección deje de ser una reacción ante los hechos consumados y se convierta en una verdadera política de prevención.

Con ese propósito propuse dotar al Congreso de la Unión de la facultad de expedir una Ley General en la materia, que establezca bases comunes para todo el país y garantice que todas las entidades federativas cuenten con mecanismos de protección eficaces. Asimismo, planteé que el presupuesto destinado anualmente a esta tarea no pueda ser inferior, en términos reales, al autorizado para el ejercicio fiscal inmediato anterior.

La construcción de una Ley General que establezca estándares nacionales, mecanismos sólidos y protocolos homologados para atender oportunamente cualquier situación de riesgo puede marcar un cambio trascendental en la seguridad de quienes hacen posible el ejercicio de la libertad de expresión. Su protección no puede depender de la entidad federativa en la que residen ni de la capacidad institucional de cada autoridad; debe asumirse como una responsabilidad compartida por el Estado mexicano en su conjunto.

La libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de toda democracia. Los periodistas cumplen una función esencial al acercar la información de interés público a la ciudadanía y al contribuir al escrutinio del poder. Sin voces críticas e independientes que investiguen, documenten y den a conocer los asuntos públicos, las y los ciudadanos pierden una de las herramientas más importantes para exigir transparencia y rendición de cuentas.

Actuar a tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Por ello, es urgente construir los acuerdos políticos necesarios para aprobar un marco legal que permita garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información de los todos los mexicanos.

Presidenta de la Cámara de Diputados

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