El asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, exdiputado federal y presidente municipal de Uruapan, cimbró a Michoacán y a todo el país. Fue privado de la vida por atreverse a actuar en contra de la injusticia.
En primer lugar, quiero expresar mis más sinceras condolencias a su familia, a sus seres queridos y a toda la gente de Michoacán. Fue silenciada una valiente voz, pero su mensaje sigue resonando con fuerza en todo México.
Su muerte es un mensaje claro de que las cosas tienen que cambiar. Se ha cruzado una línea que debe marcar un antes y un después. Las autoridades deben reconocer que los niveles de violencia han sobrepasado los límites de lo tolerable.
Carlos Manzo, como candidato independiente, ganó la Presidencia Municipal con el 66% de las preferencias, muestra del cariño, la confianza y la esperanza que la gente depositó en él.
Los delincuentes no pueden ser los dueños de México, ni quienes decidan quién vive y quién muere. Debe haber justicia para frenar a la delincuencia que, por acción o por omisión, ha sido tolerada desde algunas esferas del poder. Los criminales no pueden seguir matando y quedar impunes.
Este hecho es profundamente lamentable. Nadie debe ser asesinado por cumplir con su deber. Nadie debe ser asesinado por defender la verdad. Lo ocurrido no puede repetirse ni en Uruapan, ni en ninguna parte de nuestro país.
México no merece regiones secuestradas por la delincuencia, ni ciudadanos viviendo bajo el temor del crimen organizado.
La legitimidad del Estado se fortalece cuando se actúa con decisión, inteligencia y coordinación para desarticular las células criminales. Se debe cortar de raíz el flujo de recursos ilícitos mediante inteligencia financiera y romper el pacto de impunidad que, por años, ha permitido que el crimen avance más rápido que la justicia.
La presencia de la delincuencia organizada representa una de las mayores amenazas para el Estado de derecho, la democracia y la paz social. La obligación primordial del Estado es garantizar el orden, la seguridad y la tranquilidad de las familias mexicanas, por lo que la coordinación entre todas las instituciones públicas se hace obligatoria.
Hoy, hay un reclamo ciudadano en Uruapan, en Michoacán y en todo México. Nuestro país tiene 2,478 municipios, y lamentablemente muchos de ellos están secuestrados por el crimen organizado. Tan solo en el último año, diez alcaldes han sido asesinados.
Más allá de ideologías o partidos, debe haber un análisis serio, público y transparente sobre cómo se va a detener a la delincuencia. Carlos Manzo se atrevió a levantar la voz, como muchos mexicanos valientes que defienden la verdad y el bien común. No podemos permitir que esa vida de lucha y compromiso termine en la impunidad.
Estamos ante un parteaguas. Este es un punto de inflexión que exige altura de miras, visión de Estado y un propósito común: construir un México unido, no dividido. Lo que el país necesita hoy es trabajo conjunto, valentía y decisión para detener a los criminales y devolver la paz a nuestro pueblo.
Diputada Federal