Cada día son más visibles las redes de complicidad entre el régimen y el crimen organizado. Los abrazos a los criminales han sumido al país en una crisis de violencia e inseguridad, donde los asesinatos y las desapariciones siguen en un alarmante incremento ante un clima de impunidad.
Matan, violentan o desaparecen a los mexicanos ante los ojos de los gobernadores del oficialismo y siguen sin atenderse estos delitos. Lo más lamentable es que algunos de esos gobernadores han sido ligados a cárteles delincuenciales. Desafortunadamente no han sido las autoridades mexicanas quienes han descubierto estas redes de complicidad, quien lo ha hecho es el gobierno norteamericano.
El caso más reciente sobre la cancelación de la visa americana de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y la de su esposo, han dejado entrever que se encuentran bajo una posible investigación por las autoridades norteamericanas. En 2022 ya había sido señalada por el exgobernador de su partido, de tener vínculos con el crimen organizado. Desde la tribuna del Senado mexicano, se hicieron públicas las denuncias después de que aparecieran “narcomantas” en las que referían esta confabulación.
Según lo señalado en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de nuestro vecino del norte, así como por su oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, las visas pueden ser revocadas, entre otras causas, si un extranjero infringe la ley, realiza un trabajo ilegal o compromete la seguridad de sus compatriotas estadounidenses. Por ello, que le haya sido cancelada la visa americana a la gobernadora de un estado fronterizo como Baja California, es sumamente preocupante.
El pueblo de México merece saber qué es lo que está pasando, cuáles son los motivos que originaron esta cancelación de visas. Debe haber transparencia del gobierno mexicano e informar si existen vínculos entre la gobernadora y el crimen organizado.
Mientras se resuelven estas investigaciones, por ética y respeto a los mexicanos, la señora Ávila debe separarse de su encargo como presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Alguien que se encuentra, al parecer, bajo investigación, no puede dirigir esta conferencia ni representar a todos los gobernadores del país. El régimen debe romper el pacto de impunidad con los criminales.
El pilón:
Ha sido una semana de mucha actividad para todos los partidos políticos. El próximo 1 de junio se realizarán elecciones en Veracruz y Durango. Se elegirán 1,458 cargos para ocupar las presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.
De manera personal, acudí a ambos estados a respaldar a los candidatos de Acción Nacional.
En Veracruz tuve la oportunidad de acompañar a Indira Rosales y a Marijo Gamboa. En ese estado hay una inseguridad preocupante que debe corregirse.
En Durango acompañé a Toño Ochoa y a César Salas. Ahí me enteré que Morena está amenazando con quitar los programas sociales.
Lo he dicho públicamente y hoy lo reafirmo: he votado a favor de que los programas sociales sean un derecho constitucional. No son de la chequera de ningún partido ni de ningún servidor público. Que no te amenacen, los programas sociales continuarán, son tu derecho.
Como dice la frase “toma lo que te dan y vota por el PAN”. Un país democrático, con contrapesos y libertades en necesario.
Diputada federal.
@kenialopezr
