El cierre parcial del gobierno federal estadounidense, conocido como shutdown, ocurre cuando el Congreso no logra aprobar el presupuesto federal. Desde 1976 se han registrado 20 episodios, lo que lo convierte en un fenómeno recurrente y un reflejo de la creciente polarización política en ese país. Si bien en muchas ocasiones se resuelve en cuestión de días o semanas, el riesgo actual es que se prolongue más de lo habitual, con implicaciones no solo para los habitantes y la economía de Estados Unidos, sino también para países estrechamente vinculados a ella, como México. Un cierre de esta naturaleza no es únicamente un hecho administrativo: debe analizarse en el contexto de la situación fiscal y financiera de la economía estadounidense y sus efectos que se transmiten hacia el resto del mundo a través de diversos canales.
Como producto de las políticas de gasto recientes, el gobierno federal norteamericano enfrenta un desequilibrio estructural en sus finanzas públicas. Según informes oficiales, el gasto proyectado para el cierre del año fiscal 2025 —finalizado en octubre— ascendió a 7.3 billones de dólares, mientras que los ingresos totales se estimaron en 5.5 billones. El resultado es un déficit de 1.8 billones, equivalente a 6.2% del PIB. Para 2026, los proyectos de presupuesto anticipan un déficit cercano a 1.5 billones, alrededor de 5.5% del producto. La deuda pública federal ya supera 120% del PIB y mantiene una tendencia creciente, agravada por un costo financiero en aumento debido a las tasas de interés relativamente elevadas, en el último año se ubicó en un rango de 4.25% a 4.50%, que la Reserva Federal ha sostenido para contener la inflación.
Este marco fiscal presiona inevitablemente las negociaciones políticas en el Congreso, donde las disputas giran en torno al tamaño del gasto, el financiamiento de programas sociales y la asignación de recursos para defensa, migración o energía. En 2025, por ejemplo, el gasto en salud y seguridad social representó aproximadamente 3.6 billones de dólares —equivalente al 11% del PIB—, mientras que la defensa absorbió 929 mil millones (billions). Cuando se activa el shutdown, el gobierno cierra parcial o totalmente agencias federales, suspende pagos a empleados y detiene servicios administrativos clave con lo que genera complicaciones operativas que, de prolongarse, pueden tener consecuencias significativas.
Para México, este fenómeno no es en absoluto ajeno. El cierre gubernamental estadounidense puede interrumpir flujos comerciales, generar volatilidad en los mercados financieros y crear incertidumbre empresarial en ambos países. Un cierre reduce la capacidad operativa de agencias como el Departamento de Agricultura (USDA), la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) o el Departamento de Transporte (DOT), lo que provoca retrasos en inspecciones, certificaciones y procesos aduanales. Si bien no se cierran las fronteras, los retrasos logísticos afectan de manera especial a cadenas manufactureras que operan bajo esquemas ‘just in time’, con costos adicionales y pérdida de competitividad regional.
En el ámbito financiero, un cierre prolongado incentiva a los inversionistas globales a refugiarse en activos seguros como los bonos del Tesoro, fortaleciendo al dólar. Para México, ello significa presiones de depreciación sobre el peso, que recientemente se ha mantenido en niveles menores a 19 pesos por dólar, desempeño “favorable” que alimenta al discurso oficial. Si la parálisis se prolonga, el nerviosismo podría elevar las primas de riesgo en mercados emergentes, encareciendo el financiamiento externo para empresas y para el propio gobierno mexicano. En ese contexto, el Banco de México tendría menos margen para relajar su política monetaria y podría verse obligado a interrumpir su ciclo de reducciones de tasas, con el costo inherente de frenar la recuperación de la inversión y del consumo.
La dimensión migratoria tampoco queda exenta. Un cierre reduce la capacidad operativa en servicios como la renovación de visas, las audiencias en tribunales migratorios o la gestión de programas de apoyo social en Estados Unidos. Si bien las remesas no se verían interrumpidas directamente, el ambiente de incertidumbre derivado de la suspensión de pagos a empleados federales y la posible contracción en sectores que dependen de contratos públicos podrían impactar el empleo de la población migrante y, en consecuencia, generar un efecto indirecto en los hogares receptores en México.
Los impactos sobre los indicadores de la economía real mexicana —PIB, inversión, consumo y empleo— solo serían evidentes si el cierre del gobierno estadounidense se prolonga durante varias semanas o meses, lo que particularmente se ve poco probable. Un episodio breve tendría efectos acotados y coyunturales, principalmente en la volatilidad financiera y algunos retrasos logísticos.
Más allá de los impactos inmediatos, este fenómeno debe ser un recordatorio de la profunda interdependencia económica con Estados Unidos y la fragilidad de la capacidad de respuesta de México ante choques externos.
Presidente de Consultores Internacionales, S.C.
