La inseguridad explícita o tácita es un fenómeno que afecta a todos los componentes de la sociedad, incluyendo de manera destacada al empresarial. Sin importar su origen, tamaño, sector o ubicación las empresas en México se enfrentan a diversos riesgos relacionados con la delincuencia —tanto desde las perspectivas de sus operaciones, como de su capital humano— que pueden poner en peligro su desempeño, crecimiento, rentabilidad y competitividad. A semejanza de las inversiones productivas, los costos directos e indirectos de la inseguridad muestran efectos multiplicadores que deterioran el crecimiento, el desarrollo económico y el bienestar del país.
En las últimas décadas, la inseguridad en México ha mostrado un auge que se caracteriza por un incremento significativo en la violencia y la criminalidad especialmente ejercida por lo que se conoce como crimen organizado, el cual ha diversificado su campo de acción pasando del narcotráfico a actividades como el narcomenudeo, el secuestro y muy significativamente desde el punto de vista del tejido productivo la extorsión conocida como cobro de piso. Mientras que en 2015 la tasa de homicidios dolosos era de 13.17 por cada 100 mil habitantes y los delitos de extorsión de 4.91 por cada 100 mil habitantes, en 2023 se registraron 19.28 homicidios y 7.88 extorsiones, lo que representa un aumento importante en comparación con décadas anteriores aun cuando en los últimos cuatro años se ha reducido la incidencia.
La inseguridad tácita medida mediante el sentimiento de no estar seguro en los lugares donde se trabaja, se habita y se convive también genera incertidumbre y costos, debido a la necesidad de modificar prácticas y hábitos que directamente inciden negativamente en la productividad y la producción y el comercio de bienes y servicios. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, la percepción de inseguridad de los mexicanos alcanzó 61% en el primer trimestre de 2024, mostrando la preocupación de los mexicanos por la expansión del crimen, lo que le sigue generando costos.
La inseguridad tiene un impacto significativo en la economía mexicana. El IEP (Instituto para la Economía y la Paz) estima que los costos directos e indirectos de la violencia en México fueron de 4.9 billones de pesos en 2023, lo que equivale a 19.8% del PIB nacional. Estos costos incluyen gastos en seguridad privada, pérdidas en productividad, daños a la propiedad y costos de salud y judiciales.
En términos per cápita, el impacto económico de la violencia nacional fue de 37 mil 430 pesos, más del doble del salario promedio mensual de un trabajador mexicano. En 2019 este dato alcanzaba 41 mil 250 pesos. Sin embargo, el impacto económico per cápita de la violencia varía significativamente entre los estados, desde 12 mil 407 pesos en Yucatán hasta 112 mil 660 pesos en Colima.
A nivel internacional, México se encuentra entre los países con mayores niveles de violencia y costos asociados. En comparación con otros países de la región, México tiene tasas de homicidios significativamente más altas y, en consecuencia, mayores costos económicos relacionados con la violencia. Según datos del Índice de Paz Global 2023, México ocupó el puesto 137 de 163 países, mejorando en tres puestos desde 2019, mientras que Chile y Argentina ocuparon los puestos 27 y 74, respectivamente. La tasa de homicidios en México (23.3 por cada 100 mil habitantes) es más del doble de la de Brasil (11.7 por cada 100 mil habitantes) y muy superior a la de Argentina (5.3) y Chile (3.5).
La inseguridad, la violencia y la impunidad son fenómenos interconectados que ejercen un impacto significativo en el desarrollo económico del país. La mayor percepción de inseguridad afecta negativamente la productividad y la competitividad lo que resulta en reducciones en la tasa de crecimiento potencial de la economía, es urgente combatir con efectividad este flagelo.
Presidente de Consultores Internacionales, S.C.
