El pasado 22 de mayo, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la “One Big Beautiful Bill Act”, una ley que tiene como objetivo implementar reformas en materia fiscal, de salud, defensa e inmigración. En el ámbito fiscal, se aprobó un impuesto del 3.5 % a las remesas enviadas desde Estados Unidos, con el fin de, entre otros objetivos, aumentar la recaudación en dicho país. De ser aprobada por el Senado estadounidense en septiembre, esta ley entraría en vigor el 1 de enero de 2026. Esto resulta relevante para México, ya que es el principal receptor de remesas procedentes de Estados Unidos. De concretarse las medidas, los hogares mexicanos de menores ingresos que reciben remesas serían los más afectados, lo que podría incrementar los niveles de pobreza.
El actual gobierno de Donald Trump se ha caracterizado por tomar decisiones controversiales. La más reciente es la aprobación de un impuesto al envío de remesas desde Estados Unidos. En un principio se propuso un gravamen de 5%, pero este fue reducido a 3.5% gracias al cabildeo de los bancos estadounidenses que participan en estas transacciones y que expresaron su preocupación por la posible creación de un mercado alternativo. En cuanto a su mecanismo de aplicación, el impuesto será pagado únicamente por personas que no cuenten con la ciudadanía estadounidense, es decir, aquellas con visa, permisos de residencia o sin documentación. Cabe mencionar que este impuesto será adicional a la comisión que cobran los bancos por enviar dinero al extranjero, la cual varía entre 5% y 10%.
De acuerdo con el Pew Research Center, en 2024 había aproximadamente 48 millones de migrantes en Estados Unidos, lo que representaba 14% de la población total (341.8 millones de personas). Según el Banco Mundial, en 2023 los migrantes residentes en Estados Unidos enviaron un total de 93 mil millones de dólares a diversos países del mundo. Entre los principales receptores se encuentran México, India, Filipinas, Guatemala y El Salvador.
En 2024, México recibió un total de 64 mil 745 millones de dólares en remesas, de los cuales aproximadamente 96.6% (62 mil 529 millones de dólares) provinieron de Estados Unidos. Esta cifra posicionó a México como el principal receptor de remesas enviadas desde territorio estadounidense. Según el Banco Mundial, en 2024 había 39.9 millones de habitantes de origen mexicano en Estados Unidos. De ellos, cerca de 12 millones son inmigrantes, y, de estos, 4 millones son indocumentados. Ante el temor de posibles deportaciones, muchos incrementaron el envío de dinero a sus familias en México.
Actualmente, las remesas representan entre 3.4% y 3.7% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. No obstante, su impacto es aún más significativo en algunas entidades federativas tradicionalmente expulsoras, como Guerrero, Chiapas, Michoacán, Zacatecas y Oaxaca, donde pueden representar más de 10% del PIB estatal. Aunque no constituyen una actividad productiva, ya que no se invierten, las remesas se han consolidado como una de las principales fuentes de divisas del país, superando a la inversión extranjera directa (36 mil millones de dólares), los ingresos por turismo (33 mil millones) y las exportaciones petroleras (28 mil millones). Esto refleja la dependencia que tiene México de estos flujos de dinero.
A nivel microeconómico, las remesas son un recurso clave para el consumo de los hogares, especialmente aquellos con ingresos bajos, en los que muchas veces constituyen su única fuente de ingreso. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022, en los hogares con menores niveles de ingreso, las remesas representan aproximadamente una tercera parte del ingreso total. Si se aplica el impuesto de 3.5%, sumado a las comisiones y cargos por el envío y retiro, podría disminuir temporalmente el dinero recibido; sin embargo, es probable que los envíos se normalicen con el tiempo, ya que muchos mexicanos en Estados Unidos buscan cumplir de manera constante con el apoyo económico a sus familias. Según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el porcentaje del ingreso que los migrantes destinan al envío de remesas varía entre países, ubicándose en un rango de 6% a 23%, por lo que tendrían cierto margen para absorber el costo.
Organizaciones internacionales como Diálogo Interamericano han estimado que el impuesto podría reducir el volumen de remesas y transacciones en un 10 % a corto plazo. De igual forma, los remitentes podrían optar por el uso de canales alternativos para evitar los gravámenes; por ejemplo, pedir a familiares con ciudadanía estadounidense que envíen el dinero en su lugar o incluso recurrir a criptomonedas. Otra posible consecuencia es la desbancarización de los envíos mediante el uso de canales financieros no regulados, lo que podría dar lugar a mercados paralelos.
La lamentable dependencia de México de las remesas es un reflejo de la falta de oportunidades en el país. Lejos de ser motivo de celebración por parte de las autoridades, debería ser una causa de preocupación. No se puede normalizar que millones de familias dependan del dinero enviado desde el extranjero para subsistir. Las autoridades deben actuar para resolver este problema. Es necesario crear empleos bien remunerados y generar récords verdaderos de inversión, con el fin de fortalecer la economía desde adentro.
Presidente de Consultores Internacionales, S.C.
