A principios de año, un informe de la Secretaría de Hacienda planteaba que en 2024 se registró una recaudación tributaria federal de 4.9 billones de pesos, un incremento real de 4.7% respecto de 2023, lo que representaba según el SAT un récord. Sin embargo, el verdadero récord en recaudación se registró entre los años 2013-2016, cuando el incremento real promediaba 12% anual, producto de la introducción en esos años de reformas fiscales destacadas como la homologación del IVA y el aumento en la tasa máxima del ISR a 35%. De hecho, el sexenio 2013-2018 fue mucho más efectivo en recaudación, con una tasa media anual real de 9.9% frente a un crecimiento en los mismos términos de 3.5% registrado entre 2019-2024.
Lo anterior cobra relevancia si se considera a la política fiscal como una herramienta esencial en el desempeño económico del país. La forma más eficiente en que un gobierno puede gestionar y estructurar el gasto público, es financiarlo mediante la recaudación de impuestos. Una política fiscal correcta y equilibrada permite estabilizar el ciclo económico, impulsar el crecimiento, reducir desigualdades sociales y financiar bienes y servicios públicos de manera “sana”, es decir mediante la contribución de sus ciudadanos y no a través del endeudamiento excesivo.
En este contexto, los ingresos tributarios (más otros ingresos diferentes al financiamiento) deben ser suficientes para cubrir las necesidades de gasto del gobierno, por lo que la capacidad de la economía para generar estos recursos, medida a través del coeficiente de ingresos tributarios como proporción del PIB permite validar la verdadera eficiencia de la política fiscal. México tiene un coeficiente relativamente bajo en comparación con otros países de Latinoamérica y del promedio de sus “pares” de la OECD, lo que limita la capacidad del gobierno para invertir en infraestructura, salud, educación y programas sociales, elementos fundamentales para lograr un desarrollo sostenible e inclusivo. Desde ese punto de vista representa una desventaja, pero a su vez es una oportunidad porque se tiene margen de acción para incrementarlo, mediante un plan consensuado y correcto.
Los ingresos tributarios “récord” de 2024 en proporción al PIB equivalen a 14.6%. Esta misma medida en 2019 era de 12.7%, un incremento de 1.9 puntos porcentuales. En contraste, durante el sexenio 2013-2018 el coeficiente pasó de 9.2% a 12.7%, un incremento de 3.5 puntos porcentuales. Según los precriterios 2026, se estima que el coeficiente sea de 14.7% para 2025 y 14.6% para 2026. Sin embargo, el Plan Nacional de Desarrollo (recientemente publicado) en uno de sus objetivos: “…asegurar el uso honesto, responsable y eficiente de los recursos públicos bajo los principios de austeridad republicana, mientras se fortalecen los ingresos del sector público…”; fija como meta que en 2030 el coeficiente sea de 14.4%, es decir un retroceso recaudatorio.
Para el promedio de los países que integran la OCDE el coeficiente de ingresos tributarios del gobierno central equivale en 2023 a 20.6% y el total de ingresos tributarios (incluyendo gobiernos locales y otros) es de 33.9%. Para México estos coeficientes son respectivamente 14.3% y 17.7%. Esta brecha refleja en gran parte los problemas estructurales de México que limitan la capacidad fiscal del país, principalmente la informalidad, las exenciones y la evasión y elusión fiscal.
El nivel de informalidad en el mercado laboral supera 50%, en tanto que grandes sectores de la población con capacidad de ingreso y gasto están exentos del pago de impuestos especialmente IVA. Según la OECD el coeficiente IVA/PIB de México en 2022 es de 3.9%, en tanto que el promedio de la organización es de 6.8%. El combate a la evasión fiscal es lo que más se ha atendido en los últimos años, los programas de vigilancia, de seguimiento y de fiscalización digital han permitido una mejor recaudación en este aspecto y se presume como una mejora en la eficiencia recaudatoria. Sin embargo, y a juzgar por los comparativos, todavía hay mucho por hacer para alcanzar una eficiente política fiscal que impulse la sostenibilidad de las finanzas públicas, lo que resulta particularmente relevante ante las proyecciones de bajo crecimiento económico menores a 1% para los próximos dos años.
La política fiscal que requiere el país no necesariamente implica cargarle más la mano a quien ya contribuye. Se puede y debe consensuar objetivos y acciones conjuntas que permitan elevar el coeficiente, redistribuyendo la carga fiscal, reduciendo costos y facilitando los procesos. Un tema que requiere de mucho análisis y de una reforma inteligente.
Presidente de Consultores Internacionales, S.C.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
