En los últimos años, el gobierno federal ha incrementado de manera sostenida su nivel de endeudamiento para financiar el gasto público y atender las prioridades de la administración: programas sociales basados en transferencias monetarias, proyectos de infraestructura insignia, el apoyo recurrente a Pemex y, paradójicamente, el propio pago del servicio de la deuda. Si bien el endeudamiento es una herramienta legítima para el ejercicio de la función pública, la Constitución establece que debe destinarse a fines productivos, es decir, a proyectos que generen ingresos o fortalezcan la capacidad económica del país. Cuando los recursos se orientan a gasto asistencial sin retorno económico, la sostenibilidad fiscal comienza a erosionarse. El reto no es dejar de invertir en lo social, sino transformar ese gasto en inversión que impulse el capital humano, la productividad y el desarrollo regional.
De acuerdo con el artículo 73, fracción VIII, de la Constitución, la contratación de deuda debe financiar obras y proyectos productivos, y solo en situaciones excepcionales —refinanciamiento, regulación monetaria o emergencias nacionales— puede utilizarse para otros fines. Este principio busca asegurar que la deuda sea un motor de desarrollo y no un sustituto permanente del presupuesto corriente; sin embargo, en la práctica reciente, una proporción creciente del endeudamiento ha servido para financiar programas asistenciales, lo que desvirtúa el mandato constitucional y limita la capacidad del país para generar crecimiento económico a partir de los recursos obtenidos vía deuda.
La magnitud del crecimiento del endeudamiento confirma esta tendencia. Con base en datos de la Secretaría de Hacienda, la deuda del Sector Público Federal aumentó 44% real entre 2015 y 2025, pasando de 8.1 billones a 18.9 billones de pesos. Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), la medida más amplia del déficit y endeudamiento, crecieron 31% en el mismo período, al pasar de 741.9 mil millones a un estimado de 1.5 billones de pesos. Este incremento está estrechamente relacionado con dos componentes del gasto público: la protección social y la inversión física.
La protección social, que agrupa el gasto social en su conjunto, prácticamente se duplicó entre 2015 y 2025, al pasar de 694 mil millones a 2 billones de pesos estimados para este año. Dentro de este rubro destaca el aumento de los programas del bienestar, cuyo gasto ascenderá a 931.8 mil millones de pesos. En contraste, la inversión física —que incluye infraestructura y proyectos estratégicos— cayó 32.4% real en el mismo período. Incluso los proyectos prioritarios de la actual administración, como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico, no han demostrado generar retornos económicos proporcionales a la magnitud del gasto.
Cabe señalar que el aumento en la deuda soberana es un fenómeno mundial. La OCDE en un reporte sobre deuda señala que el endeudamiento y su costo de los últimos tiempos —un legado de la crisis financiera de 2008 y de la pandemia de Covid-19— se ha triplicado, y se ha utilizado principalmente para amortiguar el impacto del fenómeno y facilitar la recuperación. Empero, enfatiza la importancia de que la deuda pública se use eficientemente para inversiones que mejoren la capacidad productiva y el crecimiento sostenible.
En el caso de nuestro país es importante señalar que el costo financiero de la deuda se ha disparado. Entre 2015 y 2025 aumentó 168.7%, al pasar de 322 mil millones a 1.38 billones de pesos. Estos números reflejan una tasa de interés real promedio implícita de 7.28% durante la década, con un pico de 11% en 2024. Dado que el crecimiento promedio del PIB en el mismo periodo fue apenas de 1.3% anual, la deuda está creciendo significativamente más rápido que la economía y por tanto de la capacidad de pago. Esta brecha plantea riesgos crecientes para la sostenibilidad fiscal, pues si la tendencia continúa, llegará un punto en el que el costo de la deuda absorberá un margen cada vez mayor del presupuesto y desplazará gasto social y productivo.
Lo anterior ya se puede advertir, para 2026, el presupuesto federal ascenderá a 10.19 billones de pesos, de los cuales 1.47 billones provendrán de endeudamiento nuevo lo que incrementa el costo de la deuda a 1.6 billones lo que implica un aumento de 9.4% real siendo el segundo rubro específico de gasto en el PEF. En un entorno donde la inversión productiva disminuye y el gasto corriente —incluido el costo financiero— crece aceleradamente, la deuda deja de ser un instrumento de desarrollo y se convierte en un recurso para sostener compromisos presentes sin construir capacidad económica futura. Esta dinámica subraya la urgencia de reorientar el uso de la deuda hacia proyectos verdaderamente productivos que impulsen la economía, generen ingresos y fortalezcan la sostenibilidad fiscal de largo plazo.
Presidente de Consultores Internacionales, S.C.