La Secretaría de Hacienda tiene la obligación de presentar al Congreso, anualmente, en abril, un documento conocido como los Precriterios Generales de Política Económica (PCGPE), que sirve como base para la formulación del presupuesto federal del siguiente año. Sin embargo, debido a lo temprano en el año en que se presenta, su análisis se enfoca más en los posibles ajustes que podrían realizarse para el año en curso. Por ejemplo, se ha abandonado la perspectiva de crecimiento planteada en el paquete económico para 2025, aprobado en diciembre pasado, que estimaba un crecimiento de 2.2%, para ajustarlo a una previsión de 1.45%. Según el consenso general de los analistas, esta estimación puede considerarse optimista.
De acuerdo con los especialistas del sector privado consultados mensualmente por el Banco de México —entre los cuales participa nuestra firma—, en diciembre pasado las expectativas de crecimiento del producto para 2025 apenas superaban 1.20% anual. En marzo (según la encuesta más reciente), la media de las estimaciones se ubicó en 0.40%, un contraste significativo respecto a la visión de las nuevas autoridades hacendarias. Este tema no es menor, ya que las estimaciones de los ingresos presupuestales están basadas en el comportamiento esperado del PIB. De hecho, casi sistemáticamente el marco de variables macroeconómicas bosquejado en los Precriterios suele ser superado por la realidad.
Ciertamente, los Precriterios no están exentos de riesgos; más allá de estar fundamentados en un conjunto de supuestos que, si no se cumplen, pueden generar desajustes en las finanzas públicas, lo relevante es la reacción correctiva a la que debe estar obligado el gobierno. Esto es especialmente importante en casos extremos de faltantes presupuestales, cuando existen compromisos legales y políticos que deben cumplirse.
Lo anterior está estrechamente ligado al cumplimiento de las estimaciones de ingresos fiscales. La recaudación depende directamente de que se genere actividad económica; por lo tanto, si el crecimiento del PIB es menor al esperado, los ingresos tributarios —que constituyen la fuente más importante de los ingresos públicos— serán inferiores a lo proyectado, sin importar los esfuerzos recaudatorios realizados. Cabe señalar, sin embargo, que en los Precriterios la dependencia mantiene sus estimaciones de ingresos tributarios por un monto de 5.29 billones de pesos, sin cambios.
Este resultado puede interpretarse como un reflejo del éxito obtenido mediante las acciones de fiscalización y eficiencia recaudatoria. De hecho, recientemente el gobierno federal anunció que en el primer trimestre de este año se registró un aparente récord en recaudación de impuestos, con un incremento de 19.7% en términos reales respecto al mismo periodo de 2024. Este dato alimenta la presunción del propio gobierno sobre lo innecesario de una reforma fiscal. Sin embargo, al contrastar este logro con el incremento en el endeudamiento público, queda claro que el optimismo podría enfrentar limitaciones.
Al aprobarse los presupuestos para 2025, se estimó que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros sería de 18.6 billones de pesos. No obstante, la revisión presentada en los Precriterios eleva esta cifra a 18.8 billones al cierre del año y, dada la baja en el PIB, esta medida relativa aumenta de 51.4% a 52.3% del producto (para 2026 la estimación preliminar apunta a alcanzar 19.9 billones de pesos, un récord indiscutible). Esto prende focos rojos y configura una llamada de atención: antes de recortar gastos prioritarios —como los sociales— o aumentar impuestos, se cubrirán los faltantes con deuda pública; sin embargo, esta deuda está resultando costosa según los montos del costo financiero que deben cubrirse.
Un escenario de menor crecimiento y mayor inflación para 2025 parece configurarse debido a la alta incertidumbre y podría demandar ajustes presupuestarios significativos. Los Precriterios son un bosquejo preliminar sobre la visión económica proyectada por las autoridades hacendarias; antes de llegar a septiembre —cuando se presente el paquete económico para 2026— primero habrá que sortear las dificultades de 2025. Es fundamental considerar que no pueden descartarse recortes en programas sociales o proyectos de inversión, lo cual afectaría tanto la calidad de vida de la población como el desarrollo económico a largo plazo; tampoco debe ignorarse la posible necesidad de una reforma hacendaria.
Presidente de Consultores Internacionales, S.C.
