La inflación general ha registrado en mayo su primera reducción mensual desde 2024 (-0.21%), apoyada por los precios no subyacentes que se han moderado en los últimos meses, en buena medida impulsada por la contención deliberada de los precios de los energéticos a través de estímulos fiscales a las gasolinas y subsidios a las tarifas eléctricas. El resultado visible es un índice general que cede y una narrativa oficial que presenta esa caída como evidencia del éxito de la política antiinflacionaria. La estabilidad del peso ha ayudado a contener parte de la presión sobre los precios, porque limita el impacto de las importaciones más caras y da margen para sostener los subsidios a energéticos por más tiempo. En ese contexto, el tipo de cambio se ha convertido en un apoyo adicional para moderar la inflación.
Sin embargo, detrás de esa lectura persiste un cálculo fiscal que rara vez se contabiliza con la misma visibilidad que el precio de gasolina o en el recibo de luz, y que termina revelando que el costo de esa estabilidad aparente no desaparece, sino que simplemente se transfiere al déficit, al endeudamiento y en última instancia, al ciudadano que hoy no paga en la tarifa, pero mañana pagará en servicios públicos deteriorados o en una deuda que sus impuestos deberán amortizar.
Cada vez que Hacienda reduce el IEPS a las gasolinas o amplía la transferencia a la CFE para sostener tarifas eléctricas por debajo de su costo real, el Estado no está eliminando la inflación: está pagando él mismo la diferencia. Ese pago no surge de la nada; sale del mismo presupuesto que financia hospitales, carreteras y programas sociales, y cuando los ingresos presupuestales no alcanzan para cubrirlo, se convierte en deuda.
El costo acumulado de esta estrategia en lo que va de 2026 ya es significativo: de acuerdo con cifras de la presidencia desde marzo en que iniciaron los estímulos (subsidios) vía reducción del IEPS a combustibles se gastan aproximadamente 5 mil millones de pesos semanales (280 millones de dólares), mientras que el subsidio eléctrico comprometido en el Presupuesto de Egresos supera los 87 mil millones para el año. Eso significa que, a junio, el costo de contener la inflación supera los 190 mil millones de pesos. Ello sin contar que se importa 50% de las gasolinas, lo que puede introducir un mayor costo si se incrementa la volatilidad de los precios internacionales.
A ello se suma que el beneficio de estos subsidios está lejos de ser equitativo dado que 35% de los hogares mexicanos tiene automóvil. Los apoyos generalizados a los combustibles tienden a favorecer de manera desproporcionada a los segmentos de ingreso medio y alto, que concentran el mayor consumo de gasolina (60% del consumo) y cuya huella energética supera con creces a la de los hogares más vulnerables. En el caso del subsidio eléctrico en temporada cálida, la lógica es similar: en términos absolutos, quienes más consumen electricidad son quienes más se benefician de la tarifa subsidiada. Así, el costo fiscal es progresivamente universal, pero el beneficio está lejos de serlo. Al mismo tiempo, el gobierno destina cada año una proporción creciente del gasto programable a sostener precios artificialmente bajos, en lugar de canalizarlos hacia inversión que genere productividad y empleo de largo plazo.
Otro mecanismo que el gobierno ha utilizado son los acuerdos voluntarios de precios con productores y distribuidores —como el convenio sobre gasolina que mantiene el litro menor a 24 pesos—, mientras que el Pacic es un apoyo directo del gobierno a productos de la canasta básica. En estos esquemas, la carga de la contención no recae sobre el presupuesto público sino sobre el margen de los propios agentes económicos: el productor vende más barato, el distribuidor absorbe costos y la cadena comercial opera con rentabilidad comprimida. El mecanismo funciona mientras el acuerdo está vigente, pero no resuelve la presión de fondo en costos de insumos, logística o energía. Una vez que los convenios concluyen o se relajan, los productores y distribuidores inevitablemente buscan recuperar los márgenes sacrificados y lo hacen vía precios, generando un rebote inflacionario diferido que puede ser más abrupto que el alza que originalmente se intentó evitar.
Los subsidios al diésel y las tarifas eléctricas de temporada cálida han operado como un apoyo implícito que reduce precios, pero también erosiona los ingresos públicos. Al mismo tiempo, la recaudación por IEPS a combustibles en abril de 2026 registró una caída real anual de 10.1% según el informe correspondiente de Hacienda, lo que evidencia el costo fiscal de sostener esta contención.
Los subsidios y los acuerdos de precios ofrecen alivio real pero temporal y no compensan los desequilibrios que enfrenta México en materia fiscal e inversión productiva. Su único valor estratégico es ganar tiempo para ordenar una transición que no genere un choque social. Por eso, el balance más prudente es reconocer el alivio, pero no confundirlo con una solución.
Presidente de Consultores Internacionales, S.C.