Reformar la manera como se reparte el poder, en nuestro país, ha sido la materia pendiente en los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum. Los intereses políticos, principalmente de las cúpulas han impedido tener una reforma electoral y política de gran calado que priorice por los menos dos aspectos: democratizar la vida partidista, lo que implicaría quitar privilegios a las cúpulas y otorgar a la militancia espacios de toma de decisión; otro aspecto es repartir el dinero de manera justa y que no sea despilfarrado por las dirigencias.
Poder y dinero es lo que detiene a los mismos partidos políticos a reformar el poder y buscar mecanismos legales que fortalezcan los procesos democráticos en México. Al intentar cambiar las reglas de juego se ha demostrado los verdaderos intereses de las distintas fuerzas políticas: mantener los privilegios que otorgan manejar el presupuesto, casi de manera discrecional, y repartir entre cercanos los cargos de representación proporcional, ese fue el motivo por el cual el Partido Verde y del Trabajo votaron en contra de la propuesta de la presidenta, no por su talante democrático sino por mantener sus intereses.
El resultado ha sido una segunda propuesta, el Plan B, donde se recortan recursos a las remuneraciones de los funcionarios del INE e institutos locales, se quitan privilegios: gastos médicos, seguros de vida, pensiones privadas, cajas de ahorro; se reducen sindicaturas y regidurías junto con la reducción de presupuesto destinado a las legislaturas locales. Hasta aquí la propuesta no genera mayor problema.
La discusión se ha centrado en la revocación de mandato que hay que entender que es un mecanismo de democracia directa que permite a la sociedad adelantar la conclusión del ejercicio de gobierno, esto cuando carece de legitimidad o tiene un rechazo amplio entre la población. La discusión es si es viable que la revocación de mandato se pueda realizar en el tercer año de gobierno, es decir que se empareje con la elección intermedia de 2027.
De aprobarse la ley podríamos tener una elección atípica en 2027: que este la presidenta en la boleta electoral fortalece los mecanismos democráticos, pero también pone en riesgo un gobierno con alta aprobación. No sé, si sea válido el argumento de la oposición: la revocación es una ventaja para Morena, en el mismo partido hay quienes buscan debilitar la investidura
rumbo a la sucesión, el partido en el poder no es homogéneo ni tiene disciplina partidista, conserva un ADN cercano a las tribus del PRD.
En caso de que Morena lograra unidad y la sociedad confirmara la alta popularidad de la presidenta, se podría confirmar el poder del partido guinda y se debilitaría el nivel de chantaje de los partidos aliados, los colocaría en la justa dimensión de su fuerza política. La oposición erróneamente ha cargado sus baterías contra Morena, con falsos discursos de apertura ciudadana, su elección será entre ellos y los nuevos partidos que terminarán mermando su viejo y desgastado discurso.
La revocación de mandato es un mecanismo, que en nuestro tiempo, se ha convertido en un instrumento de ratificación del gobierno, y si en 2027 la presidenta aparece en la boleta tiene que buscar la unidad dentro de Morena, debería de medir la verdadera fuerza de sus aliados e impulsar, si las condiciones lo permiten, un profunda reforma política y electoral que en realidad democratice el poder público, solo así se entendería el riesgo de que ella vaya en la boleta.
Hasta aquí Monstruos y Máscaras…
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.