Hay asuntos que pasan (casi) desapercibidos a pesar de su gravedad. El alud cotidiano de noticias hace que se disuelvan en una nebulosa, a pesar de ser cruciales para el futuro de la vida política. La siguiente es una historia recargada por las ansias de venganza.
Algunos recordarán aquella iniciativa de revocación de mandato que los seguidores del expresidente López Obrador echaron a rodar en 2021. Una figura diseñada exactamente para lo contrario, para que los desafectos con la gestión presidencial la demandaran. Un sainete, pues.
El INE era el encargado de realizar la consulta y expedir la convocatoria. Aunque el proceso inició sin que existiera una ley reglamentaria en la materia, al final, cuando se expidió, se estableció que el mecanismo de revocación debía hacerse con el mismo número de casillas que en las elecciones federales, solamente que la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto muy por debajo de lo demandado por el Instituto. Entonces el INE presentó una controversia constitucional ante la Corte para saber qué hacer en esas condiciones. Porque como bien dice el dicho: “nadie está obligado a lo imposible”.
En ese contexto el Consejo General del INE aprobó por 6 votos a 5 pausar la realización, ya que se entendía que el asunto se encontraba, como dicen los abogados, sub judice. Entonces, quien era el representante de Morena en el Consejo General y al mismo tiempo presidente de la Cámara de Diputados, arremetió por todos los medios contra los seis consejeros cuyos votos no le gustaron. Presentó un recurso ante el Tribunal Electoral, lo cual, en la materia, es rutinario, pero además una denuncia penal por el supuesto delito de coalición de funcionarios y otra administrativa ante el Órgano Interno de Control del propio INE (recordemos que a su titular lo nombra la Cámara de Diputados). El Tribunal Electoral acordó que el INE estaba obligado a continuar con el proceso, pero (un pero muy importante), acotado por los recursos que se le habían asignado, lo que no debía acarrear consecuencias jurídicas a los integrantes del Consejo. La escandalosa denuncia penal, por supuesto, se archivó, pero el Órgano de Control Interno del INE, en lugar de desecharlo por claramente improcedente, porque el OIC solo puede ver asuntos administrativos y carece de capacidades para inmiscuirse en los temas sustantivos, le dio entrada.
Casi todo el mundo se había olvidado del amenazante asunto, pero cuatro años después, ahora en 2025, el OIC lo revivió, inició un procedimiento de responsabilidad, lo declaró “falta grave” y lo turnó al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sí, usted leyó bien: porque seis consejeros electorales votaron y eso no le gustó a Morena. De lo que se desprende que en Morena creen que en un cuerpo colegiado —que lo es para que se expresen distintos puntos de vista— solo se puede votar como ellos manden.
La consejera Claudia Zavala acudió al Tribunal Electoral buscando lo elemental y lo justo: que declarara que el OIC es incompetente para intentar sancionar a los consejeros por decisiones sustantivas. No puede convertirse en censor de las decisiones del Consejo General porque se estaría estableciendo un antecedente nefasto: ¿o los consejeros tendrán en el futuro que preguntarle al titular del OIC cómo deben votar? Pero, sin sorpresa alguna, el Tribunal se lavó las manos y se declaró incompetente, por lo que el litigio sigue en el Tribunal de Justicia Administrativa.
Se pretende castigar a funcionarios públicos porque no actuaron como Morena quería. Bonito precedente.
Profesor de la UNAM