Todas las reformas electorales, a partir de 1976-1977, fueron, en lo fundamental, para satisfacer exigencias de las minorías opositoras. Estas últimas resultaron ser el acicate principal y los sucesivos gobiernos asimilaron un buen número de sus demandas. Además, fueron precedidas de amplias consultas para tener una visión informada de la diversidad de diagnósticos y propuestas. Y en las últimas cuatro se buscó y logró que fueran producto del consenso, entendiendo que, a diferencia de otros asuntos, las “reglas del juego” deben contar con el aval de los jugadores.
Paso a ilustrar telegráficamente algunos de los asuntos que en las diferentes reformas fueron diseñados para satisfacer pretensiones opositoras:
1977: se creó el registro condicionado para aquellos partidos que se encontraban segregados del escenario institucional. Con esa fórmula se incorporaron el PCM, PDM, PST, PRT, PMT, PVEM, PT y otros. Además, se reconfiguró la fórmula de integración de la Cámara de Diputados, añadiendo los diputados plurinominales, para que las minorías tuvieran presencia y para atemperar la sobre y sub representación anterior.
1986: Se crea la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, primer eslabón en el proceso democratizador del gobierno de la capital; también el Tribunal de lo Contencioso Electoral, inaugurando una vía jurisdiccional para la resolución de los conflictos.
1989-1990: Se crea el Instituto Federal Electoral y su Consejo General con una integración barroca, pero capaz de dar garantías de imparcialidad en sus tareas. Se ordena al IFE la confección de un nuevo padrón electoral a partir de cero, para ofrecer garantías de que ese listado fuera impermeable a la manipulación.
1993: Se abre el Senado a las oposiciones. Se elegirían cuatro por entidad y uno sería para la primera minoría. Se termina con la autocalificación de las elecciones de diputados y senadores, reforzando la vía jurisdiccional para la solución de conflictos. Se reglamentó el financiamiento a los partidos y se estableció que éstos debían informar de sus ingresos y gastos a la autoridad electoral.
1994: Se establece una nueva composición del Consejo General del IFE. Pierden su voto (no la voz) los representantes de los partidos, y 6 consejeros ciudadanos, más el secretario de Gobernación y 2 diputados y 2 senadores (uno de la mayoría y uno de la primera minoría), son los únicos que podrán ejercer el voto. Se aprueba la existencia de observadores electorales y “visitantes extranjeros” para vigilar los procesos electorales.
1996: Sale el gobierno de la organización de las elecciones haciendo realidad la existencia de un IFE autónomo capaz de ofrecer garantías de imparcialidad. Se crea el Tribunal Electoral del Poder Judicial, sus resoluciones serán inatacables. Se diseña un gobierno propio para la capital del país. Se equilibran las condiciones de la competencia.
2007: Se prohíbe la compra de espacios en radio y tv y los partidos y sus candidatos aparecerán solamente a través de los tiempos oficiales. La renovación de los magistrados del Tribunal Electoral será escalonada con la finalidad de que siempre exista un grupo experimentado.
2014: Se refuerzan las facultades de fiscalización del ahora INE y éste se vuelve corresponsable de la organización de las elecciones locales.
Consultas, búsqueda de consensos y receptividad ante las demandas de las oposiciones lograron la edificación de un sistema electoral confiable. Esas enseñanzas no deberían olvidarse.
Profesor de la UNAM
