Ernesto Zedillo, el discreto expresidente, ha dejado de serlo. Recién publicó en Letras Libres el artículo “México: de la democracia a la tiranía”, denunciando el asalto a la democracia mexicana por parte de los gobiernos de Morena, politizando la justicia, destruyendo la independencia de la Suprema Corte, sometiendo al Poder Judicial a los intereses de un solo partido, revirtiendo los avances logrados con la reforma judicial de 1994 por él impulsada. Zedillo responde a la presidenta Sheinbaum sobre sus críticas, principalmente respecto a su participación en el Fobaproa y la matanza de Acteal, desmintiendo que él haya “desaparecido la Corte”. Zedillo propone una auditoría independiente para evaluar proyectos del gobierno anterior, como la cancelación del NAIM, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Igualmente cuestiona las prerrogativas de que goza López Obrador. Advierte sobre el advenimiento de un estado policial y una tiranía bajo un partido hegemónico. Zedillo cuestiona que México esté por convertirse en “el país más democrático del mundo”, mentira que oculta la destrucción de los componentes esenciales de una democracia auténtica.
La crisis económica de inicio del sexenio de Ernesto Zedillo, conocida como “error de diciembre”, marcó un punto de inflexión en el devenir económico de México. El desplome del peso frente al dólar, con una devaluación cercana al 300%, la fuga de capitales y la quiebra masiva de empresas, llevaron al país al borde del colapso. Es entonces que Ernesto Zedillo activó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro —Fobaproa— en 1995, organismo creado por Salinas de Gortari en 1990 —mecanismo para enfrentar crisis financieras y asegurar la liquidez de las instituciones bancarias en circunstancias desfavorables— convirtiendo deuda privada de la banca en obligaciones públicas. En 1994 prevalecía un escenario de sobreendeudamiento externo, especulación cambiaria y abrupta salida de inversión extranjera tras el asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio. Para 1995, la inflación superaba 50% y la cartera vencida que enfrentaban los bancos era insostenible. Postura oficial: “Era la única manera de evitar una crisis sistémica y proteger los ahorros de los mexicanos”. El Fondo adquirió deudas bancarias por 552 mil millones de pesos —15.8% del PIB—, convirtiéndolas en 1999 en deuda pública. Bancos y empresarios trasladaron al Fondo no sólo deudas impagables, sino también créditos de dudosa procedencia, “una gran rapiña”. La deuda se ha multiplicado por efectos de intereses y refinanciamientos. Al cierre de 2023 el saldo llegó a 1 billón 734 mil millones de pesos —7.6% de la deuda total—, lejos de los 3 billones mencionados por AMLO. Los contribuyentes han pagado más de 1.8 billones en intereses y se proyecta seguir pagando hasta 2042. Posiblemente el Fobaproa evitó ahondar en la depresión económica, sin embargo, una élite financiera se benefició del rescate, en tanto que millones de mexicanos perdieron empleos, ahorros y acceso al crédito. Además, se sentó un precedente peligroso: la socialización de pérdidas privadas, priorizando la estabilidad financiera sobre la equidad.
Ernesto Zedillo ante la inminente quiebra bancaria, optando entre inconvenientes, decidió implementar el Fobaproa, lamentablemente —inexcusable tolerancia— banqueros y empresarios aprovecharon el río revuelto en su propio beneficio. Independiente al involucramiento de Zedillo en el Fobaproa, las denuncias expuestas por el expresidente ameritan respuestas puntuales.
Analista.
