México quema más de cinco mil millones de pesos diarios en proyectos que el poder decidió convertir en emblemas. Cada amanecer implica otro boquete multimillonario en las finanzas públicas. No es un accidente contable, es una decisión política que se paga con recursos de todos. Tan solo el costo financiero de la deuda pública ronda los 3 mil 600 millones de pesos diarios, incluyendo el lastre de su sistema de refinación, con todo y la refinería de Dos Bocas que ha requerido transferencias adicionales y aun opera por debajo de su capacidad. A ello se suman las pérdidas de Pemex, que en 2024 se aproximaron a 1,700 millones de pesos diarios. El Tren Maya pierde alrededor de 7 millones diarios, Mexicana de Aviación, más de 3 millones y otros proyectos como el AIFA y el Tren Interoceánico acumulan millones adicionales cada jornada. Sumados intereses, pérdidas operativas y subsidios, el drenaje cotidiano rebasa con holgura los cinco mil millones de pesos.
México inició 2026 con una caída neta en enero de 8,104 empleos formales registrados ante el IMSS, uno de los peores arranques de año en la última década. Menos empleo formal implica menor ingreso estable, menor consumo sólido y menor recaudación futura. En este contexto avanza la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. La intención puede ser socialmente atractiva, pero, si la productividad por hora no aumenta, trabajar menos horas eleva costos unitarios. Y los costos, tarde o temprano, se trasladan a precios, a menor contratación o a menor inversión. Ya se ampliaron las vacaciones, el crecimiento es raquítico, la deuda se engrosa, en tanto el Estado absorbe las pérdidas estructurales. El problema no es ideológico, es matemático.
Un país puede sostener déficits mientras haya confianza, puede concentrar poder mientras la economía no se fracture, puede financiar proyectos emblemáticos mientras los ingresos alcancen. Pero cuando el margen fiscal se estrecha y el crecimiento no acompaña, el tiempo deja de ser aliado. Las crisis no avisan con fecha oficial, se incuban, se acumulan, se normalizan. Hasta que un día dejan de ser debate técnico y se convierten en ajuste inevitable. Y cuando el ajuste llega, ya no distingue entre simpatizantes y opositores, no pregunta por afiliaciones partidistas ni por lealtades ideológicas. Ajusta salarios reales, encarece el crédito, frena inversiones y reduce márgenes de maniobra. La economía no vota, reacciona.
Durante un tiempo los gobiernos pueden administrar percepciones, pueden redistribuir, compensar, subsidiar y postergar, pueden convertir pérdidas en narrativa y déficits en promesas futuras, pero ninguna administración, por popular que sea, puede alterar indefinidamente las leyes básicas de la aritmética fiscal. Si cada día se pierden miles de millones y el crecimiento no acelera al parejo, la brecha se ensancha, reduciendo el margen político. Entonces ya no se discute el modelo, se discute la urgencia.
La historia económica está llena de países que ignoraron las señales porque el costo político de corregir parecía mayor que el costo financiero de continuar. Los gobiernos pueden ganar elecciones y administrar el discurso, pueden reformar leyes, pueden concentrar el poder, pero no pueden administrar indefinidamente la aritmética. Y cuando los números se imponen, ya no hay discurso que los contenga.