El crecimiento económico de México en 2025 será nulo, no por accidente ni por fuerza mayor, en gran medida como resultado de decisiones políticas mal calculadas, reformas institucionales temerarias y una obstinación oficialista que insiste en que todo marcha bien, desestimando los datos duros.
Precisamente, una de las banderas de la Cuarta Transformación era crecer al doble del raquítico 2% anual de los gobiernos neoliberales. El gasto en inversión pública cayó 29.1% de enero a mayo del presente 2025, la mayor contracción desde 1995 -datos de SHCP-, en el mismo lapso se registró una salida de capitales superior a 124 mil millones de pesos. En cuanto a exportaciones y manufactura se ha experimentado una caída de 19.7% y 8.3% respectivamente, básicamente por la incertidumbre de los aranceles en Estados Unidos. El IMSS reportó una baja de 45 mil 600 empleos en mayo, el peor mes en 22 años. En cuanto a la inversión extranjera directa -IED-, de los 21.4 mil millones de dólares reportados en el primer trimestre, 8% corresponden a nueva inversión, lo demás corresponde a reinversión de empresas instaladas. La deuda pública ya se ubica en 51% del PIB, tendencia creciente. México cayó al último lugar entre 25 países considerados por el índice de confianza inversora de la evaluadora Kearney.
En tanto, el gobierno redobla la apuesta por desmantelar instituciones. La reforma judicial que busca convertir al poder judicial en una arena electoral, es sólo la punta de lanza. A ella se suman ya dos leyes aprobadas con consecuencias profundas, la primera que impone controles y sanciones a medios y redes sociales, llamada “ley censura” y la segunda que amplía las facultades del Estado para intervenir comunicaciones privadas y seguirle la pista a críticos, periodistas e incluso opositores políticos, llamada “ley espía”. Ambas leyes no solo violan derechos, espantan al capital reacio a acercarse a países donde prevalece censura y vigilancia generalizada. La confianza es el motor de la economía, el pilar invisible que sostiene todo lo demás, ¿quién enviaría su dinero a un país donde se eligen jueces como si fueran candidatos a un reality show, donde los medios están amenazados y la privacidad es una ilusión?
Invertir no es un acto impulsivo, es una apuesta racional sobre el futuro, además de números atractivos, se requiere confianza en el entorno, en la rectitud y respeto con que se rige el estado de derecho, garantías a la propiedad privada, reglas del juego claras y libertades fundamentales protegidas. Pero, ¿por qué invertir en un país en que te persigue la percepción de estar siendo vigilado? ¿por qué confiar en una economía cuyos operadores públicos impulsan una ley reguladora de los contenidos digitales, aprobando una legislación que permite al Estado acceder a tus datos biométricos, rastrear tu geolocalización en tiempo real, entrar en tus conversaciones privadas -incluido tu Whats App- sin intervención judicial ni previo aviso. Nadie va a alojar sus datos, sus decisiones o su estrategia de mercado en un país que se convierte en un Estado vigilante. Hemos de elegir entre crecimiento con libertades o control con estancamiento. La presidenta dice: “No controlamos, no espiamos”. No obstante, la percepción también cuenta.
