Teuchitlán ha evidenciado las carencias del llamado Sistema Nacional de Seguridad Pública. La inexistencia de una red de personas, tareas y compromisos entre las autoridades federales, estatales y municipales para enfrentar a las delincuencias autorizadas, organizadas y desorganizadas. Ha mostrado la ausencia de definiciones, roles y capacidades para definir objetivos comunes y, sobre todo, enfrentarlos con pericia y resolución. En estas constataciones no hay nada de novedoso, como no sea, una vez más y de manera particularmente dolorosa, la constatación misma.
No asombra la aparente sorpresa que las autoridades mostraron cuando se dio a conocer la existencia del campo de Teuchitlán. Tampoco han asombrado las exculpaciones propias ni las imputaciones ajenas. Todo eso ha sido y seguirá siendo un componente más de los malos entenderes y quehaceres que prevalecen en la seguridad pública nacional. Una especie de más de lo mismo, aderezada con las consabidas frases sobre la justicia, la verdad, la no repetición o los arribos a unas últimas consecuencias que nunca habrán de alcanzarse. Sin embargo, en el universo de las repeticiones ha acontecido algo que, entre todas las cacofonías, tiene que ser destacado desafortunadamente para mal.
Ante las evidencias vergonzosamente reconocidas sobre privaciones de la libertad, torturas, homicidios y posibles cremaciones ilegales, las autoridades federales informaron sobre la contratación de estudiantes de antropología forense. La noticia, reproducida en diversos medios y nunca desvirtuada por las autoridades, pareció un paso en la dirección correcta. Que las tareas de identificación se realizarían por jóvenes profesionales y capacitados, son dos elementos que implícitamente parecen propiciar seriedad y compromiso.
Sobrepasado el momentáneo gozo del inicial anuncio, el mismo muestra otra cara del muy serio problema de las desapariciones. Por una parte, el de la falta de la más mínima existencia de capacidades institucionales para hacerse cargo de las más elementales labores. Por otra parte, la por demás encomiable contratación de los antropólogos forenses pone en evidencia que no hay antropólogos forenses en las instituciones federales encargadas de esas tareas.
Además, Teuchitlán mostró la inexistencia de las instituciones necesarias para hacer frente a la terrible realidad de las personas desaparecidas. Que no hay un cuerpo de funcionarios entrenado, con experiencia y capacidad de servicio. Que, finalmente, las prioridades no están puestas en la búsqueda y localización, pues sencillamente no hay quien las haga, teniendo que contratar pronto y mal a quien pueda encargarse. Declaraciones y falsas retóricas aparte, que las acciones estatales han sido reactivamente episódicas y que así seguirán siendo. Que aquello que debía hacerse como parte del legítimo ejercicio de los poderes político, ministerial y administrativo, seguirá en manos de los colectivos de búsqueda que han decido hacer justicia con sus propios medios.
La anunciada contratación de jóvenes antropólogos forenses es en realidad una muestra del deterioro de las más básicas capacidades estatales. No sólo de un pasivo no hacer, sino de un no querer comprender y un no querer actuar en uno de los grandes temas nacionales. Las personas desaparecidas, así como sus muchos y devastadores efectos no son nuevos ni pasados. Son una presente realidad que, al haberse dado a conocer por las investigaciones no estatales, provocaron que las autoridades nos mostraran la terrible realidad de su propia y bien lograda desaparición.
Ministro en retiro de la SCJN. @JRCossio
