La semana pasada acontecieron dos hechos muy graves cuya relación no quedó advertida a pesar de sus evidentes conexiones. Por una parte, asistimos a los efectos producidos por la detención de un líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). A los amplios y coordinados despliegues de sus propias fuerzas en extensas zonas del territorio nacional. Más allá de numeralias geográficas o incidentales, testificamos el poder de inteligencia, operación y capacidad que ya no puede quedar comprendido en la categoría del sicariato.
Por otra parte, el segundo evento fue el reconocimiento oficial de la postulación a las próximas elecciones judiciales de personas vinculadas con las delincuencias. Apenas el jueves se reportó que al menos 26 participantes estaban en esa situación. El aparato propagandístico del régimen culpó del hecho a los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, desconociendo lo realizado por sus diputados y senadores, los comités de evaluación del Legislativo y el Ejecutivo y sus tres magistrados electorales.
En los ruidos y las furias en las que estamos inmersos, no se quiso o no se pudo apreciar la relación entre ambos eventos. No, desde luego, por las relaciones operativas entre el combate armado y los procesos electorales; sí en la construcción de una estructura en la que las delincuencias se han apropiado de segmentos completos de las instituciones estatales.
La disociación entre esos dos hechos evidencia la mala comprensión que las autoridades tienen de la actividad criminal y de sus propias capacidades de gobierno. Asumen que la delincuencia es algo ilegal, ajeno y que será dominable en el momento que se decidan enfrentarla. También, que la acción política controla las acciones estatales y que, por ello, no han sido penetradas por los grupos delictivos. La representación que las autoridades tienen de la realidad, parte de la dualidad entre lo lícito y lo ilícito. Asumen que mientras lo primero es propio de ellas y se encuentra bajo su control, lo segundo corresponde a los delincuentes y es posible combatirlo por ser ajeno.
La simultánea realización de las acciones liberadoras del líder del CJNG y la identificación de los vínculos de diversos pretendientes a juzgadores con las delincuencias, no es sólo una coincidencia noticiosa. Menos aún la curiosa demostración de un hecho aislado. Es la manifestación de una pluralidad de situaciones de diversa naturaleza que planteo mediante preguntas.
¿Piensan las autoridades que las infiltraciones de las delincuencias en las elecciones judiciales se reducen a los 26 casos reportados? ¿Creen que tienen el control de las elecciones judiciales para evitar infiltraciones en las 7,811 candidaturas que ya están registradas? ¿Asumen que más allá de las elecciones y sus problemas los 2,661 juzgadores serán electos sin la intervención de los grupos delictivos? ¿Tienen claros los beneficios que a las delincuencias les reportaría controlar la función judicial? ¿Se dan cuenta que los juzgadores controlados por el crimen organizado no actualizarán las normas emitidas por los legisladores democráticamente electos? ¿Entienden que los nuevos juzgadores quedarán atrapados en las redes de temor, corrupción o dependencia clientelar a la que están ya sometidos tantos servidores públicos en el país? ¿Se percatan de los límites del discurso de la legitimidad popular de los jueces en las actuales condiciones de gobernabilidad? ¿Se dan cuenta de que muchos juzgadores quedarán incorporados a las delincuencias, pero, de manera simultánea, sus actuaciones gozarán de la mayor legitimidad popular?
Ministro en retiro de la SCJN. @JRCossio