Hace seis años el mundo comenzaba a vivir la pandemia de Covid-19. En México enfrentábamos la expansión del virus con la ignorancia, frivolidad e irresponsabilidad de las autoridades. Para demostrar esos actuares citaré unos pocos ejemplos sobre las decisiones iniciales en materia federal.
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que, por el número de personas contagiadas por el virus SARS-Cov-2, estábamos ante una pandemia. Sin embargo, el presidente López Obrador continuó con sus actividades hablando del poder de los amuletos que portaba en su cartera, y el subsecretario López-Gatell sostuvo que el mandatario tenía una fuerza moral y no de contagio. Nuestra primera regulación fue emitida el día 16 por la Secretaría de Educación Pública al suspender las actividades escolares. El 22 López Obrador dijo que no tomaría medidas exageradas por la pandemia. El día 23 el Consejo de Salubridad General (CSG) reconoció la epidemia como enfermedad grave de atención prioritaria, y al día siguiente la Secretaría de Salud (SS) publicó las medidas para mitigar los riesgos para la salud. El 27 el presidente sostuvo que la pandemia no estaba desbordada y el subsecretario dijo que no habría pruebas masivas por no tener relación con la contención del virus. El 30 de marzo el CSG declaró que la epidemia constituía una “emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor”, y un día después la SS identificó las actividades esenciales. El 3 de abril la SS fijó algunas acciones de respuesta a la epidemia, y el 21 redujo la movilidad entre municipios. El 7 de mayo el presidente anunció que las actividades económicas se reactivarían mediante un modelo de semáforo. El 6 de junio y el 28 de julio López-Gatell minimizó el uso de cubrebocas, descartando la recomendación de la OMS del 5 de junio.
Podría abundar en ejemplos para mostrar las pésimas medidas tomadas. Sin embargo, a seis años de distancia debemos considerar el futuro. ¿Qué normas se han emitido para evitar que las decisiones en situaciones como la vivida queden en manos de ignorantes o tramposos? ¿Qué se ha hecho para que determinaciones de vida o muerte se tomen con parámetros y marcos que acoten los apetitos y las vanidades de quienes ocupen el poder?
La respuesta es que muy poco. En mayo de 2023 se reformó la Ley General de Salud para que el CSG apruebe y publique la declaratoria de emergencia y los acuerdos para coadyuvar con la SS en la instrumentación de acciones para enfrentar circunstancias epidemiológicas extraordinarias en el país, así como la declaratoria de enfermedades graves que sean causa de emergencia cuando requieran de atención prioritaria. En el Reglamento Interior del CSG de diciembre del mismo año se le dieron competencias para opinar sobre la concesión de licencias de utilidad pública en emergencia sanitaria. En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en el Reglamento Interior de la SS tampoco se hicieron cambios sustantivos.
A pesar de la evidencia de los errores cometidos durante la pandemia, poco se ha hecho para establecer las instituciones necesarias para enfrentar un evento semejante con rigor y objetividad. La ausencia de supuestos, competencias federales y locales o de condiciones de actuación sobre la población y sus actividades, por ejemplo, siguen sin precisarse jurídicamente. Otra pandemia sometería a la población a los caprichos de las autoridades en turno. Si volvieran a considerar que los problemas les vienen “como anillo al dedo” para sus afanes políticos, tendríamos consecuencias tan trágicas como las de hace ya seis años.
Ministro en retiro de la SCJN. @JRCossio