Disminuyó la pobreza. Esta primera entrega del INEGI es controvertida por el dato per se, pero también por la coyuntura. La pobreza es una realidad multidimensional y multifactorial. Entonces, es pertinente cuestionar las dimensiones que componen el resultado y lo que muestran los otros datos de pobreza.
México es mundialmente reconocido por la forma en la que mide la pobreza. En los años 2000, se integró a las mediciones por nivel de ingreso un componente de acceso a derechos. El criterio es el no-acceso o carencia de: seguridad social, educación, salud, alimentación, vivienda y servicios. La disminución de la pobreza no necesariamente implica un avance absoluto en el acceso efectivo a derechos; significa que menos personas están en la intersección de ganar menos de $4,549.00 mensuales (valor promedio de la canasta ampliada en 2024 para el ámbito urbano) y presentar al menos una de las carencias. Es decir, a grosso modo, son dos las variables que mueven el indicador de pobreza: ingresos y derechos de las personas.
El principal input de la medición es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), la mejor aproximación a la restricción presupuestal de las familias mexicanas. Por el lado de los ingresos, la ENIGH muestra una recuperación generalizada. Es un hecho que las familias tienen más dinero. Esta recuperación vino por el ingreso laboral, los incrementos al salario mínimo y, en menor escala, las transferencias monetarias por programas sociales. El lado del gasto, más que las preferencias de consumo, revela el avance en acceso efectivo a derechos. Por ejemplo, el derecho a la salud. En 2024, el gasto promedio en salud de los hogares fue 41.2% mayor que en 2018 (INEGI, 2025). Lo explica el que 44.5 millones de personas no tengan acceso a servicios de salud. Alrededor de 24 millones de personas perdieron el acceso a servicios de salud entre 2018 y 2024, un aumento del 122% en esta carencia (INEGI, 2025).
Ahora, el aumento en el ingreso trae al debate uno de los problemas estructurales de la economía mexicana: la informalidad. Claro que el que las familias tengan más dinero es positivo, más aún cuando proviene mayormente de ingresos laborales. Sin embargo, el hecho de que más de la mitad del empleo en México sea informal (INEGI, 2025) vuelve a poner en duda los avances en materia de derechos. En este contexto, la informalidad se traduce en que más de la mitad de las y los trabajadores mexicanos no tienen ningún tipo de seguridad social, otra carencia pendiente.
Lo que los cambios en el ingreso no hacen evidente es el estancamiento económico. Entre 2018 y 2024, la economía mexicana no creció prácticamente (INEGI, 2025) y todo parece indicar que esta tendencia seguirá al menos este año y el próximo (Banco de México, 2025). Al mismo tiempo, enfrentamos la persistencia inflacionaria, cuya inercia viene en parte de lo salarial. Aunque pudiera parecer menor, la inflación es otro tema pendiente que, aunado al incremento en el gasto de las familias por carencias, también erosiona sus mayores ingresos. Estos factores llevan a cuestionar la sostenibilidad del avance: ¿podemos mantener la tendencia a disminuir la pobreza que inició en 2014 (CONEVAL, 2019), o estamos en un equilibrio temporal que refleja un proceso de redistribución?
En conclusión: sí, sí bajó la pobreza. Empero, los otros datos muestran una enorme deuda social con las y los mexicanos. Sin crecimiento económico la mejora no será permanente. Con la informalidad laboral y un sistema de salud por demás excedido, no habrá ingresos suficientes para compensar el retroceso en acceso efectivo a derechos. El resultado no debe leerse de manera aislada y será mejor trabajar en estos pendientes antes de que la realidad nos alcance.
@JosePabloVinasM
