En la entrega anterior partí del concepto de Estado de Derecho sostenido por el Gobierno en el Sistema de Información Legislativa. Para mostrar que en realidad no nos ajustamos a las condiciones que ahí se sostienen, anoto tres diferencias. La primera es que en nuestro país no existe la separación de Poderes. La historia está llena de ejemplos del hiperpresidencialismo mexicano y de cómo, en muchos momentos, ha arrollado a los otros poderes, a los gobernadores y congresos estatales.
Dos frases de López Obrador ilustran el argumento y el lamentable recrudecimiento de esa grave deficiencia de nuestro sistema político. Por un lado, la de que en el Congreso “no se debe cambiar ni una coma de la iniciativa preferente…” que había enviado en materia de reforma eléctrica. La otra, que igualmente forma parte de las aberraciones presidenciales fue la de “no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”. Numerosos hechos van más allá del folclor de esas declaraciones.
Por otra parte, no es cierto que en el país exista igualdad ante la ley fuera de lo declarativo y que todos, personas, instituciones y entidades, estemos sometidos a ella. De ser cierto, no habría tal número de casos de inocentes en prisión y de culpables en libertad. No existirían los problemas de quienes carecen de medios de defensa y la posibilidad de aquellos que con dinero o poder consiguen su exoneración. No tendríamos el caso de familiares y cercanos al presidente exculpados sin juicio alguno y el de las persecuciones de los opositores solo por esa condición.
En tercer término, hay que decir que nuestro sistema jurídico ha sido deficiente y que se debilitará más después de la reforma (per)judicial. La aspiración de contar con juzgadores independientes se esfumará durante mucho tiempo. El problema es que los personajes del poder político, el partido en el gobierno y el crimen organizado, tendrán el manejo de la justicia. Estábamos mal, estaremos peor y damos un salto al vacío sin sentido por el ansia de venganza y poder de un político enfermo.
La personalización del poder en la figura presidencial que se había conseguido disminuir discretamente, regresó a máximos históricos en el gobierno de López Obrador. La obra del doctor Jorge Carpizo de hace 47 años tendría que ser reescrita, pero ahora en tres volúmenes. La presidenta Sheinbaum tiene la oportunidad y la responsabilidad de poner reversa a esa patología política contraria a la democracia y al país.
Las consecuencias son terribles y se cuentan en los más de 200 mil homicidios y las 50 mil desapariciones registradas entre 2019 y 2024. Por supuesto en el régimen de miedo e inseguridad en el que vive la sociedad y en la vulneración de derechos fundamentales que sufrimos y a la que me referiré en otra ocasión. También en la incertidumbre que nos acompaña y en los ejemplos vergonzosos del gobernador que públicamente extorsiona y de la empresa que cede al chantaje, o en el del legislador que se escuda en el fuero para no responder a las acusaciones públicas y privadas. De igual manera, en el peor sitio en la historia en el índice de corrupción de Transparencia Internacional que ubicó a México en el lugar 140 de 180 países evaluados “a la altura de Irak, Uganda o Nigeria” como informó un diario en febrero pasado.
Debilitar más el Estado de Derecho es atentar contra el país. Por desgracia es lo que sucederá con la reforma emprendida. En todo hay responsables y en su momento la historia los juzgará.
Exrector de la UNAM
@JoseNarroR
