Doy seguimiento al estremecedor caso de nuestros pobres extremos, de los más de nueve millones de mexicanos que, según nuestra Constitución tienen derechos iguales a los de todos los demás, pero que en la realidad no cuentan con las condiciones mínimas para vivir una vida con dignidad humana. Hablamos, en la mayoría de los casos, de los desheredados de siempre, de los hijos, nietos y bisnietos de los pobres extremos de antes.
Son casi cinco millones de mujeres; cuatro millones de niñas, niños y adolescentes de menos de 20 años; 2.7 millones de mujeres de 18 a 64 años y 4.1 millones de personas sin ningún programa social con beneficios monetarios. Llama la atención que 2.5 millones de ellos residen en localidades urbanas.
Las carencias por acceso a la alimentación nutritiva y a los servicios de salud tuvieron mayor frecuencia, como sería de esperarse, en la población en condiciones de pobreza extrema que reportó no recibir transferencias monetarias, en comparación con los grupos que recibieron al menos una. Se trata, sin duda, de datos que muestran las debilidades de la política social seguida por el gobierno federal durante los últimos seis años.
El tema de la salud en la población que vive en condiciones de pobreza extrema es también patético por decir lo menos. En efecto, la sordera del presidente López Obrador, la de sus colaboradores en la Secretaría de Salud y la de los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores que desatendieron en 2019 el llamado de seis exsecretarios de Salud que pedían prudencia para no desaparecer el Seguro Popular sin preparación alguna, afectaron a millones, pero especialmente a los más pobres de nuestro país.
Los datos de Coneval lo demuestran. El 99 por ciento de los pobres extremos con ocupación laboral no contaba con algún servicio médico derivado de su condición laboral. La carencia por acceso a los servicios de salud se incrementó en este grupo a más del triple entre 2018 y 2022 al pasar de 25.6 a 81.7 por ciento.
Además, de los 2.7 millones que buscaron atención médica, el 56 por ciento lo hicieron en consultorios y hospitales privados incluidos por supuesto los consultorios adyacentes a farmacias. Se trata de 1.5 millones de personas a quienes les privatizaron el acceso a la salud. Resulta increíble que el secretario y el subsecretario de Salud del gobierno anterior, que desatendieron los llamados, lo hicieran con el argumento, absolutamente falso, de que las recomendaciones venían de quienes habían privatizado los servicios.
Coneval identifica once zonas afectadas por el caso de la pobreza extrema. En tres de ellas residen 4.7 millones de compatriotas con esa condición, lo que representa el 52 por ciento del total. La primera, la Sureste, se conforma por 125 municipios de Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Campeche, Veracruz y Yucatán y da cuenta de 2.1 millones de personas.
La segunda es la zona Centro, tiene 1.8 millones que radican en un alto porcentaje en las áreas metropolitanas de Ciudad de México, Toluca, Cuernavaca y Cuautla. La tercera corresponde a Guerrero e incluye 52 municipios de esa entidad y dos de Oaxaca y da cuenta de 829 mil personas que viven en pobreza extrema.
Este tema debe formar parte de la gran reforma social que requiere nuestro país y que debe eliminar esta terrible condición que afecta a los más vulnerables y que nos lastima y rebaja a todos. Es algo inaceptable que reclama atención inmediata del Estado nacional y por supuesto del conjunto de la sociedad.
Exrector de la UNAM. @JoseNarroR