Quedó aprobada y publicada la Reforma a la Ley de Amparo en el país y, con ello, se abre un escenario de incertidumbre ante los cambios que el Congreso de la Unión avaló a esta figura, que durante décadas había sido fundamental para el ejercicio de los derechos ciudadanos, la certeza jurídica y la contención de abusos de poder.
Uno de los aspectos que genera mayor incertidumbre tiene que ver con la aplicación de la norma. A pesar de que en el dictamen aprobado se modificó el transitorio que permitía la retroactividad de esta reforma, sí se estableció que los casos en proceso continúen con la etapa procesal conforme a la ley anterior, pero que, al concluir dicha etapa, se rijan ya por la nueva legislación. Esto podría complicar tanto la comprensión de cualquier ciudadano que realice un trámite, como el seguimiento que dé al caso el profesional del Derecho asignado.
Otro cambio que provoca inquietud corresponde a la restricción del interés legítimo para recurrir al amparo, lo cual impacta directamente a las empresas y a los colectivos que resulten afectados por un acto de autoridad o por decisiones que incidan en comunidades enteras. Sobre este punto, exministros y especialistas —incluso algunos pertenecientes a la fuerza política mayoritaria en México— se han pronunciado en contra, pues consideran que implica un retroceso respecto a una de las reformas realizadas hace algunas décadas, que precisamente buscaba evitar que el interés legítimo restringiera el acceso a la justicia al dificultar la acreditación de que un acto de autoridad causara un perjuicio directo a las personas.
Gran parte de la labor que hasta ahora realizaban múltiples colectivos de defensa de derechos contemplaba el uso de este instrumento para detener afectaciones y buscar reparaciones del daño. Con la entrada en vigor de esta reforma, el escenario para el ejercicio de derechos también cambia, dejando más dudas que certezas.
Sin duda, se trata de una reforma que introduce nuevas reglas y más cambios en la impartición de justicia nacional, justo en un momento en que lo que el país necesita es más certeza y estabilidad.
Además, la reforma fue aprobada en ambas cámaras del Congreso de la Unión en cuestión de días y con escasos espacios de diálogo e integración de propuestas externas.
Este cambio, que tiene como una de sus intenciones evitar abusos del juicio de amparo —particularmente en materia fiscal—, ha sido aprobado de una manera que compromete los derechos y libertades de todos los ciudadanos y de quienes desarrollan alguna actividad bajo la norma nacional.
La incertidumbre está presente, y esperamos que su implementación no genere escenarios más complejos que los que ya se vislumbran.
Desde el sector privado hemos hecho, y seguiremos haciendo, un llamado a la reflexión profunda de las y los legisladores antes de aprobar cualquier cambio en las reglas del sistema político y jurídico del país. Estos cambios están estrechamente vinculados con el ejercicio de derechos, la vida económica y social, y, de manera directa o indirecta, nos impactan a todos.
La democracia mexicana sigue en proceso de cambio y enfrenta grandes desafíos. Necesitamos tomarnos más tiempo para el diálogo, la colaboración y la estabilidad, con el propósito de construir un mejor México para todos.
Vicepresidente del CCE