Recientemente fuimos testigos de la divulgación por parte del Gobierno Federal del “Expediente Grupo Salinas”. En un acontecimiento sin precedentes y por órdenes del Presidente López Obrador, se difundieron los supuestos adeudos fiscales de Grupo Salinas, así como estados financieros e información sobre juicios pasados y aún pendientes de varias empresas del grupo. Más allá de las implicaciones legales por la divulgación de información fiscal y financiera, esta decisión del Presidente es un claro acto de persecución en contra de Salinas Pliego. Además, el Gobierno está mandando un alarmante y contundente mensaje al resto de la ciudadanía: por encima de toda ley y debido proceso, por encima de las decisiones del Poder Judicial y por encima del Estado de Derecho, se estará a lo que dice el Presidente. Y al que no le guste, será el siguiente.
La rendición de cuentas se realiza a través de un proceso justo y transparente, más no debe utilizarse como un arma de persecución política. El ejercicio autoritario y arbitrario del poder puede disfrazarse fácilmente bajo el pretexto de la lucha contra la corrupción, pero este acto de transparencia selectiva es una demostración más de la politización de la justicia en esta administración. La información litigiosa que debería conocerse únicamente por las autoridades jurisdiccionales, está siendo sometida al escrutinio público. Lo que conforme a la ley debería resolverse en los tribunales, se está trasladando al terreno político y por mucho, se está convirtiendo en una lucha de poderes.
No solamente el poder político está transformando lo que debería ser un proceso judicial y legal en una lucha contra el tercer hombre más rico de México, sino que también se está aprovechando este caso mediático para volver a atacar al Poder Judicial y manchar su independencia e imparcialidad. La Segunda Sala ya resolvió un amparo a favor de una de sus empresas, determinando que no se aplicaron deducciones de manera indebida. Y, más recientemente, se concedió la suspensión definitiva contra la clausura del campo de golf concesionado a Grupo Salinas en Huatulco. Aquí es fundamental recordar que la Suprema Corte y los jueces deciden conforme a razones técnicas, constitucionales y de derecho, no conforme a razones ideológicas. El sistema fiscal en nuestro país, depende más bien de las leyes y políticas públicas implementadas por los otros dos Poderes.
En cuanto a la responsabilidad de los funcionarios públicos que participaron en la publicación de esta información, podríamos hablar de responsabilidad administrativa por abuso de funciones; de demandas civiles por el daño reputacional a las empresas; e incluso de delitos por hechos de corrupción o contra la administración de justicia. Sin embargo, la realidad es que mientras no tengamos una Fiscalía verdaderamente autónoma en nuestro país, las personas en el gobierno seguirán sintiéndose libres para actuar con total impunidad.
Este primer precedente es un paso peligroso; hoy fue contra Salinas Pliego, ¿quién será el próximo objetivo mañana? Es imperativo que como sociedad estemos vigilantes ante cualquier abuso de poder, que exijamos el cumplimiento estricto de los procesos legales y que pongamos un alto para que este precedente no se vuelva a repetir.
