Desamparo. Se agolparon, de una semana a la otra, graves hechos significativos del creciente desamparo y la indefensión de las personas y las instituciones, ante actos abusivos y omisiones cómplices de la nueva clase política dominante.
De la impunidad a la arbitrariedad. En paralelo al caso más brutal: el de Jalisco, que mantiene en conmoción a la esfera pública nacional e internacional, el caso más reciente se desarrolla en el caos de la degradante politización del Poder Judicial. Allí irrumpe la sentencia de la jueza Flor de María Gómez Mijangos, favorable a los intereses de la ministra de la Corte Yasmín Esquivel, candidata puntera en la campaña adelantada para presidir nuestro tribunal constitucional y acusada de plagiar su tesis profesional. La resolución ordena la reparación, con 30 millones de pesos, del daño moral supuestamente infligido a la profesora Martha Rodríguez Ortiz, exhibida en las investigaciones del caso como asesora-directora-proveedora a destajo de tesis profesionales, con el agravante de aprobar o proveer la misma tesis, casi textual, a dos estudiantes distintos, entre ellos, la hoy ministra. Como obligados al pago de esa reparación del daño moral, aparecen el exrector de la UNAM, Enrique Graue, y el director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, Fernando Macedo Chagolla, porque, aduce la jueza, las sanciones de la casa de estudios impuestas a las prácticas de la profesora cuando ellos estaban en funciones, le habrían ocasionado a la profesora un daño moral a reparar con el pago de 15 millones por cada uno de los directivos universitarios. Bajo el nuevo orden, se estrecha el círculo vicioso impunidad-arbitrariedad de los detentadores de poderes sin freno.
Transgredir y acusar de trasgresión. El episodio trasciende las leyendas de la picaresca forense, 1) porque ilustra la indefensión que nos depara un poder judicial ‘elegido’ tras la criba de los intereses de los diversos grupos de poder, incluyendo el poder criminal, y 2) porque traslada a las resoluciones del Poder Judicial, la narrativa y la retórica del poder político, diseminada desde Palacio por López Obrador, consistente en transgredir las normas legales, éticas e incluso de la decencia pública, acusando de la transgresión a sus víctimas.
El desamparo de los ‘reclutados’. Con mayor dramatismo, pero en la misma línea de la indefensión de los mexicanos ante el grupo adueñado de los poderes de la República, irrumpió la ausencia y la desprotección del Estado mexicano a la libertad y la integridad física de los pobres: el desamparo de los “reclutados” por la fuerza y el engaño, torturados, asesinados y al parecer desmembrados y cremados en el reconocido ya internacionalmente como ‘campo de exterminio’ del rancho Izaguirre. El hecho inundó la conversación de amargas ironías por la insistencia gubernamental en despojar a la gente del derecho a saber lo ocurrido allí. Y porque lo hizo con grotescas escenificaciones palaciegas protagonizadas por el ‘periodismo del pueblo’ o los periodistas del ‘bienestar’, como caricaturizó Paco Calderón a estos actores de las mañaneras del ‘pueblo’… o del ‘bienestar’.
Derechos en escombros. En mismo este rubro, entre las crisis internas y los acosos cotidianos de Trump, se consumó la destrucción de la garantía y del órgano garante autónomo del derecho de acceso a la información, la transparencia gubernamental y la protección de datos personales. Su ejercicio ahora queda al arbitrio y la discrecionalidad del Ejecutivo y sus dependencias, es decir, del grupo en el poder. Es la indefensión que nos alcanza entre los escombros de nuestros derechos civiles, políticos, informativos, procesales, producto de la demolición de la República.
Académico de la UNAM.
@JoseCarreno
