José Carreño Carlón | 15-07-26 | 02:20 | Actualizada | 15-07-26 | 02:20 |

Normalizar la violencia. Se nos ha hecho normalizar, en este régimen, e inmunizarnos o narcotizar la conciencia de los alcances de la violencia criminal: los miles de muertos, desaparecidos, desplazados por la ocupación de pueblos, ciudades y caminos por los cárteles que allí imponen su dominio y sus ‘leyes’.

Minimizar las advertencias de fuera. Pero ahora parecemos aceptar también la minimización —pregonada por el discurso oficial— de la trascendencia de las condenas y advertencias estadounidenses sobre el control de las organizaciones criminales de zonas importantes del poder político. Y ninguna de las dos situaciones dejarán de perseguirnos y de seguirnos cobrando sus graves efectos en nuestra convivencia interna y en nuestros vínculos de todo orden con el vecindario y la globalidad.

Arrecia la confrontación. A diferencia de las décadas de 1990, 2000 y hasta 2017 (inicio del primer periodo de Trump) y 2018 (llegada de López Obrador) de aquellas décadas en que vivimos casi 30 años de prioridades alineadas en materia de integración comercial (TLC), combate al narcotráfico, avance democrático, libertades y derechos informativos, ayer el jefe de la DEA marcó un nuevo hito camino a la confrontación y a una virtual ruptura del diálogo entre los gobiernos de ambos países. Parecería llegar una suerte de fin de una época de cooperación no conflictiva, resultado de la aceleración de un ciclo de enfrentamientos verbales, en espera de pasar de las palabras a las acciones unilaterales de fuerza.

¿Última llamada? Se irían así 30 años de libre comercio y varias décadas de cooperación en materia de combate al narco, de acuerdo con el dramatismo con que, a manera de última llamada, coronó ayer la DEA a su narrativa de una real o supuesta “conexión mortal” entre cárteles y gobierno mexicano. “Son lo mismo”, alertó el director de la agencia, Terrance Cole.

¿Fiscal o presidenta? No es que no lo hayan dicho antes Trump y sus secretarios de Estado y de Justicia. Quizás con palabras menos dramáticas. Pero la acumulación de advertencias y la subida del tono parecerían exigir de la presidenta algo más que sus actitudes de fiscal o juez penal exigiendo “pruebas” que respalden esa especie de ultimátum voceado ayer por la agencia. Tendría que investirse ya en jefa de un Estado de por sí escoriado por su gobierno y el de su antecesor. Y de un país urgido, entre otras acciones de recuperación de la república, de estrategias racionales para el restablecimiento de la normalidad y la certeza en su relación con la superpotencia colindante, primer socio comercial y detentador de las fuerzas armadas más poderosas del planeta, al otro lado de nuestras fronteras.

Las prioridades. El reto: realinear las prioridades desalineadas. Cárteles y políticos mexicanos “son nuestra prioridad número uno”: el jefe de la DEA. Y nadie duda que el tema esté además en su cálculo electoral de noviembre. Pero la prioridad presidencial de proteger a todos los hombres del expresidente, acusados en EU, no ha mostrado más prioridad que evitar que cooperen con la justicia de allá en su cruzada contra las redes del narcoterrorismo, dicen, en la región. Pero tampoco está ausente en Palacio el móvil electoral, explicitado por la presidenta en el mitin a su regreso de Palenque, al recelar que las acusaciones estadounidenses son para influir en las elecciones de acá. Quizás tengan que irse ambos gobiernos para realinear nuestras prioridades, si algo subsiste para entonces del Estado mexicano.

Académico de la UNAM. @JoseCarreno