Tripié represivo. Para eso destruyó el régimen el sistema autónomo de transparencia y acceso a la información. Para decidir qué tiene y qué no tiene derecho la gente a saber, a través de empleados dependientes directos de sus gobernadores o secretarios del gabinete, en acuerdo con la Presidenta. Nunca más un cuerpo colegiado independiente de expertos, ni más jueces especializados. En el caso descrito ayer por Pedro Villa y Caña en EL UNIVERSAL, la “reserva” de la información decretada por el gobierno de Tabasco busca que no se conozca de dónde vino y a dónde fue el producto de extorsiones y otros expolios atribuidos al presunto jefe de una banda criminal y a la vez secretario de seguridad de ese estado. Y se propone, además, evitar que el tema escale a los jefes del ‘brazo armado’ del ahora líder del oficialismo en la Cámara de Senadores y antes su gobernador, Adán Augusto López, protegido a su vez por el entonces presidente, tabasqueño también, Andrés Manuel López Obrador. El ocultamiento es ya un patrón de conducta del régimen. Pero el poder de decisión para escamotear las obligaciones de transparencia de los servidores públicos y el derecho universal de acceso a la información es sólo la primera pata del tripié en que ahora descansa el ocultamiento y la censura informativa.
Dos recursos más. A mayor corrupción en el régimen y a mayores escándalos por la infiltración de los cárteles en el poder político, mayores esfuerzos oficiales para contener sus efectos en la sociedad. Paradójica y meritoriamente se trata de hechos dados a conocer por servidores del estado: el secretario de seguridad pública, en el caso de la Secretaría de Marina, y el jefe de la zona militar, en el caso de Tabasco. Pero es en los esfuerzos oficiales de contención de los flujos informativos en los que aparecen las otras dos patas del tripié represivo, esta vez contra la libertad de expresión y el ejercicio de los derechos informativos. Por un lado, se usa todo el poder y los recursos comunicacionales del estado, la vía abierta por López Obrador, cada vez más frecuentada por Sheinbaum, para el descrédito de informadores y empresas informativas independientes, con el propósito de poner en entredicho sus revelaciones y ridiculizar sus preguntas y cuestionamientos. Y, por otro lado, está el silenciamiento de periodistas y medios a través de una sistemática persecución en el terreno jurisdiccional, ahora a disposición del poder autocrático. Un recurso desconocido en México desde la dictadura de Porfirio Díaz, registrado por Luis Medina Pela en un memorable cuaderno de investigaciones en proceso del CIDE.
De la periferia al centro. En un recuento puntual titulado ‘La censura en los tiempos de Sheinbaum’, disponible en el blog de Nexos, el especialista del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Raúl Trejo Delarbre, documentó 10 casos de medios y periodistas amagados u obligados por jueces a callar. Y en la presentación, el viernes, del libro La libertad de expresión: una visión jurídica, editado por la Academia Mexicana de la Comunicación, con el que su presidente Ricardo Homs corona una extraordinaria gestión, otro especialista, pero de Investigaciones Jurídicas, Ernesto Villanueva, observó en esos actos una estrategia de persecución legislativa y judicial de la periferia al centro. Lo hizo tras la reproducción realizada por quien aquí les escribe de una ‘mañanera’ en la que el presidente López Obrador anunció una reforma a los medios de comunicación en el mismo sentido, dijo, de la llamada reforma judicial. Sería, abundó, para 'renovar' -esa fue la palabra- el ‘poder mediático’, como se ‘renovaba’ el poder judicial.
¿A elecciones de periodistas? ¿Con “acordeones” con los directores, reporteros, columnistas ‘ganadores’? No se rían. Luego lo cumplen.
Académico de la UNAM
