El asesinato de Antonio Sarmiento y sus hijos, Alexander y Gael, de apenas 9 y 12 años, no fue solo un crimen atroz. Fue la chispa que encendió la indignación de una ciudadanía cansada del miedo y la impunidad. En Sinaloa, la gente ha salido a las calles, ha roto el silencio y ha tomado las plazas para exigir lo que cualquier sociedad debería tener garantizado: seguridad y justicia.
La imagen de Rocío, madre y esposa de las víctimas, liderando la marcha en Culiacán, se ha convertido en un símbolo de la desesperación de una comunidad que no encuentra respuestas en sus autoridades. La manifestación masiva, la irrupción en el Palacio de Gobierno y el repudio generalizado contra la administración de Rubén Rocha Moya no son actos de vandalismo ni excesos de emoción. Son la expresión legítima de una sociedad que ya no tolera la inacción de un gobierno paralizado por la violencia y la complicidad.
La respuesta de la Secretaría de Seguridad Federal ha sido anunciar que asumirá la investigación del caso, como si eso bastara para calmar el dolor y el miedo de la población. Pero los sinaloenses no piden reuniones privadas ni gestos burocráticos. Exigen resultados. Exigen justicia para la familia Sarmiento y para las miles de víctimas de la violencia en el estado.
Rubén Rocha Moya ha sido señalado por su cercanía con personajes vinculados al crimen organizado. Sin embargo, ha preferido minimizar las acusaciones, ignorar la creciente violencia y aferrarse al cargo, respaldado por su partido y, en especial, por su amigo Andrés Manuel López Obrador. Pero la realidad ha terminado por alcanzarlo.
En medio de la declaratoria de Donald Trump para considerar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, Sinaloa enfrenta una ola de asesinatos que ha cobrado más de 1,200 vidas en los últimos meses. El estado se ha convertido en un campo de batalla entre grupos criminales, donde la población civil es la principal víctima.
Claudia Sheinbaum insiste en culpar a Estados Unidos por la violencia, argumentando que la captura de Ismael “El Mayo” Zambada fue un "agravio" que desestabilizó la entidad. El cínico respaldo de los diputados de Morena a Rocha en este momento de crisis no es solo una muestra de insensibilidad, sino una declaración de impunidad. Mientras las calles de Culiacán arden de indignación, el partido en el poder prefiere cerrar filas con un gobernador mezquino y rebasado por los hechos, antes que escuchar el clamor de los ciudadanos.
La pregunta es: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguiremos viendo a gobernadores y presidentes administrar el costo político de la violencia mientras el crimen organizado dicta las reglas? ¿Hasta cuándo permitiremos que el miedo sea la norma y la justicia, la excepción?
Sinaloa ha roto el silencio con una manifestación histórica. Ahora le toca al gobierno decidir si seguirá defendiendo delincuentes e ignorando la indignación de la gente o si, por primera vez, pondrá la seguridad de los ciudadanos por encima de cualquier cálculo político.
