La reforma judicial presentada por Andrés Manuel López Obrador, impulsada por Claudia Sheinbaum y aprobada por Morena y sus aliados mediante una sobrerrepresentación legislativa ilegal, es un auténtico fraude. Un fraude judicial en su esencia y un fraude electoral en su ejecución.
Esta reforma presenta errores evidentes de diseño, muchos de ellos deliberados. La premisa de elegir jueces y magistrados por votación popular ignora la naturaleza misma de la función jurisdiccional y su distribución geográfica. A diferencia de un sistema de representación política, donde los distritos buscan garantizar un equilibrio poblacional, el Poder Judicial se estructura en función de la especialización y la carga de trabajo en los tribunales. La reforma desconoce esta realidad e impone un modelo de elección que vulnera los principios de imparcialidad y especialización que deben regir a la judicatura.
Pero lo más grave es el fraude electoral que se está gestando en este proceso. Desde el diseño de la elección hasta la manipulación de las candidaturas, todo apunta a un esquema amañado para garantizar el control político sobre jueces y magistrados.
En una elección democrática, el voto debe ser universal y de igual peso para todos los ciudadanos. Sin embargo, en la elección de jueces y magistrados que propone esta reforma, esto no será así. Dependiendo de su lugar de residencia, un ciudadano podrá votar por más o menos jueces y magistrados. Mientras que en la Ciudad de México se elegirán 168 cargos, en el Estado de México solo 55, en Oaxaca 16 y en Colima o Baja California Sur apenas seis. No se trata de una cuestión de población, sino de una aberrante distribución que otorga a algunos electores mayor poder de decisión que a otros.
Para agravar aún más la situación, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha creado una división territorial judicial electoral sin sustento constitucional. Los llamados "distritos judiciales electorales" fueron inventados para hacer viable la reforma, sin importar que distorsionan el principio de igualdad del voto. En muchas entidades, el INE sorteará las materias judiciales sobre las que se podrá votar, dejando a ciertos ciudadanos sin posibilidad de sufragar por algunos jueces. Esto no es democracia; es un sistema de asignación aleatoria, la dictadura de la tómbola.
A esto se suma el desaseo en la integración de las listas de candidatos. El Senado envió al INE listados de aspirantes que incluyen a personas que no se registraron y excluyen a otras que sí lo hicieron. Casos como el de la magistrada Lilia Mónica López Benítez, quien rechazó participar en la elección por estar en contra de la reforma pero apareció en la lista enviada por el Ejecutivo, evidencian el manoseo político del proceso.
El INE ha reconocido que no cuenta con información básica sobre las 955 postulaciones presentadas por el Ejecutivo. No sabe si las personas enlistadas están en el padrón electoral, si existen homonimias o si hay manera de contactarlas para verificar su identidad. Esto significa que la autoridad electoral imprimirá boletas con nombres de candidatos desconocidos, lo que convierte la certeza del proceso en un absurdo.
Nunca en la historia democrática del país habíamos llegado a este nivel de abuso y exceso desde el poder. Estamos ante un proceso contaminado desde su origen, donde ni los votantes ni la autoridad electoral tienen plena claridad sobre quiénes son los candidatos. Esto no es una elección; es una farsa montada para disfrazar de democrático lo que en realidad es un asalto al Poder Judicial.
La intención de esta reforma no es fortalecer la justicia ni acercarla a la ciudadanía. Su propósito es someter al Poder Judicial al control del Ejecutivo y sus aliados, eliminando cualquier contrapeso institucional que frene sus abusos. El fraude judicial que se está consumando en México no solo afecta a jueces y magistrados, sino a todos los ciudadanos que confían en un sistema de justicia imparcial e independiente.
Con este fraude judicial, el país pierde su último dique de contención ante el abuso de poder. La justicia dejará de ser un pilar de la democracia para convertirse en una extensión del poder político. Y cuando los jueces respondan más a los políticos oficialistas que los pusieron en el cargo que a la Constitución, la libertad y los derechos de todos estarán en peligro permanente.
Un panorama desolador para México.
