Hay cosas que en cualquier democracia funcional detonan un escándalo inmediato. Ver al hermano del presidente recibiendo fajos de dinero en efectivo en video debería ser una de ellas. En México no pasó absolutamente nada. Y eso no es normal, es una señal de algo mucho más profundo.
El caso de Pío López Obrador nunca fue un incidente aislado. Existen al menos tres videos: en dos aparece Pío López Obrador recibiendo dinero en sobres de David León Romero, operador político cercano a Manuel Velasco, entonces gobernador de Chiapas; y en otro, distinto, aparece su hermano Martín López Obrador recibiendo efectivo del mismo operador. Y los tres videos se habla de entregas constantes, no de un evento único. Es un esquema, no un accidente.
El propio Andrés Manuel López Obrador reconoció públicamente que esos sobres amarillos con dinero fueron aportaciones para su movimiento. Con eso bastaba para abrir una investigación seria por financiamiento ilegal y peculado electoral. Dinero en efectivo, sin fiscalización, entregado a operadores políticos. No hay mucha vuelta.
Pero el sistema decidió no verlo. Primero fue la Fiscalía General de la República la que dejó morir el caso. No siguió la ruta del dinero, no citó a declarar a los involucrados clave, no llamó ni a David León ni a Manuel Velasco, mucho menos al expresidente. Dejó pasar el tiempo y cerró el expediente por prescripción. Nunca dijeron que fuera legal lo que se ve en los videos, dijeron que ya no podían castigar. Así de cómodo.
El INE hizo lo que le tocaba y señaló irregularidades, pero el último filtro es el Tribunal Electoral. Y ahí terminó de cocinarse la impunidad. La Sala Superior votó para cerrar el caso con argumentos que insultan la inteligencia de cualquiera: que no había certeza sobre el destino del dinero, que no se podía probar que fuera para campañas, que no había vínculo claro con un proceso electoral. Todo esto a pesar de que el propio presidente había reconocido que eran aportaciones para su partido político.
La magistrada Mónica Soto llevó ese razonamiento al absurdo total. Planteó que no basta con ver dinero en efectivo si no puedes probar en qué se gastó cada peso. Es decir, si el dinero ilegal no deja rastro contable, entonces no hay anomalía alguna. Con ese criterio, cualquier financiamiento ilegal queda automáticamente blindado.
El Tribunal no actuó como árbitro, actuó como escudo. Se comportó como lo que es: una institución capturada, dispuesta a reinterpretar lo evidente con tal de no generar consecuencias. Así, el caso quedó muerto por todos lados; sin sanción penal, sin sanción electoral o administrativa, sin responsables.
Y todavía faltaba el remate. Después de la sentencia, Pío López Obrador salió a redes a burlarse. Afirmó que todas las instancias lo habían declarado inocente, que los videos eran un montaje, que estaban manipulados, incluso insinuó que eran producto de inteligencia artificial. Una mentira descarada. Los videos no tienen cortes, no están editados y todo apunta a que fueron grabados por el propio David León, quien, por cierto, al momento en que se exhibieron ya formaba parte del gobierno de López Obrador.
El colmo del cinismo: te protegen las instituciones y luego sales a negar lo que todo el país vio. Pero el contraste más brutal no está ahí, sino en lo que pasó con quien exhibió el caso. Carlos Loret de Mola hizo público ese material y, en lugar de que eso abriera investigaciones, provocó represalias, interrogatorios, presión judicial y una demanda por daño moral que pretende obligarlo a pagar 200 millones de pesos, lo mismo que a Latinus.
Desde que llegó la mal llamada “transformación” a este país, si exhibes al poder, te persiguen; pero si apareces recibiendo dinero, te protegen. Aquí no hubo falta de pruebas, no hubo confusión, no hubo zona gris. Hubo videos, hubo reconocimiento público, hubo contexto político y hubo una clara estrategia para que no pasara nada.
Eso tiene nombre: se llama impunidad. Es un gobierno que protege a los suyos y tuerce las instituciones para hacerlo. Un gobierno que no combate la corrupción, la administra. Un gobierno que no busca justicia, busca control y venganza.
En un país donde puedes ver en video a los hermanos del presidente recibiendo dinero en efectivo de forma ilegal, donde el propio presidente admite que ese dinero era para su movimiento político y aun así no hay una sola consecuencia, no solo hablamos de un caso que apesta, hablamos de un sistema que se está pudriendo.
Y frente a esto, el mensaje desde el poder es igual de grave que los hechos. Claudia Sheinbaum no dice nada, no cuestiona nada, no corrige nada. Prefiere sostener el mismo pacto de silencio y encubrimiento.
Porque cuando la evidencia es tan clara y aun así se decide no actuar, el silencio ya no es omisión, es complicidad.
Aquí no pasó nada, ni Pío ni nada.