Si algo quedado claro este país desde la llegada de López Obrador al poder en 2018 es que la autonomía constitucional suele ser una mala broma. Lo que vemos con la salida de Alejandro Gertz Manero y la llegada inminente de Ernestina Godoy a la FGR confirma la comodidad del régimen con el esquema de fiscales carnales, funcionarios que deberían servir a la justicia pero que acaban sirviendo al poder que los coloca y al grupo político que los sostiene. Gertz fue el ejemplo más acabado de esa deformidad institucional: un fiscal que nunca actuó como fiscal, sino como subordinado de un solo hombre.
Su paso por la Fiscalía General de la República es un inventario de excesos, arbitrariedades, negocios oscuros y venganzas personales. Mantener presa por más de quinientos días a Alejandra Cuevas con una acusación inexistente; intentar encarcelar a un grupo de científicos acusándolos de delincuencia organizada; aparecer en paraísos fiscales a través de empresas offshore; destruir la integridad de los casos Lozoya y Ayotzinapa al grado de convertirlos en laberintos sin salida; y protagonizar un pleito tóxico con el exconsejero jurídico Julio Scherer, donde ambos se acusaron mutuamente de espionaje, influyentismo, corrupción, extorsión y deslealtad al propio López Obrador.
Cualquiera de estos motivos habría sido suficiente para destituirlo en un país serio, pero aquí no deja el cargo por ninguno de sus abusos, sino por algo mucho más relevante para el poder: las filtraciones. Las carpetas íntegras de Huachicol Fiscal, La Barredora y el caso Rocha Cantú terminaron en manos de los medios y, con ellas, terminó también la paciencia y la confianza del oficialismo. Esas carpetas exhibieron la podredumbre interna del régimen, sus redes criminales, su corrupción consentida, la trama monumental del fraude del siglo y los nombres de quienes se beneficiaron de ella, incluyendo a los hijos del expresidente y a su “hermano” Adán Augusto. En cuanto los expedientes circularon, la pregunta explotó en Palacio: ¿quién filtró? No había respuesta clara, pero sí había un culpable útil. Gertz ya no servía. Era más estorbo que aliado. Para un gobierno obsesionado con el control, permitir que se exhibiera su costra de cochambre era imperdonable. Por eso fue obligado a renunciar.
La ley exige que la renuncia del fiscal general esté fundada en una causa grave, pero la carta que Gertz envió al Senado no menciona ninguna. Dice que se va porque la presidenta le ofreció una embajada en un país amigo. Así se resolvió el escándalo: premiándolo. El Senado, dominado por Morena, aceptó la renuncia sin cuestionar nada, aprobando una salida irregular que normaliza la impunidad desde la cúspide del sistema. Y mientras se discutía si el retiro de un fiscal sin causa era constitucional o no, ya estaba en marcha la verdadera operación política: instalar a Ernestina Godoy.
Godoy tomó el control de la Fiscalía General horas después de la salida de Gertz, gracias a un movimiento quirúrgico. Pero la historia de Ernestina y el poder no empieza ahí. Cuando Claudia Sheinbaum quiso convertirla en fiscal de la Ciudad de México, Ernestina no cumplía los requisitos: era diputada en funciones y militante activa de Morena. La Constitución local lo prohibía. La solución fue simple: Sheinbaum ordenó cambiar la Constitución para hacerle un traje a la medida, modificando los artículos que impedían que una operadora política de partido ocupara la Fiscalía. Así, reformando la ley a conveniencia, le abrieron la puerta. Y hoy repiten el mismo patrón a escala nacional.
Tras su designación exprés en la CDMX, Godoy acumuló uno de los historiales más cuestionados del sistema de procuración de justicia: persecución a opositores, espionaje y geolocalización ilegal de políticos incómodos, maquillaje de cifras delictivas, negligencia en casos de feminicidio y un intento fallido de reelección en el Congreso capitalino donde hubo denuncias de presiones y compra de votos. Ese es el perfil de quien hoy dirige, interinamente y en próximas fechas de manera oficial, la Fiscalía General de la República.
La narrativa ya está colocada, los tiempos se están apretando y el proceso legislativo está siendo acomodado para que su designación fluya sin fricciones. Será, con toda certeza, la próxima fiscal. No por méritos, no por trayectoria técnica, no por independencia, sino por lealtad.
La ironía es brutal. México necesita instituciones de justicia capaces de sobrevivir a los caprichos del poder político, pero lo que obtenemos son fiscales carnales: funcionarios designados no para impartir justicia, sino para proteger a quienes los nombran, encubrir escándalos, sepultar expedientes y operar al ritmo de los intereses del gobierno en turno. La tragedia es que mientras estas posiciones se reparten como cuotas, mientras se negocian como fichas y mientras se ocupan para garantizar opacidad y no legalidad, el país sigue esperando la justicia que no llega. Y quizá no llegue mientras la Fiscalía General siga siendo ese botín político que cambia de dueño, pero nunca de vocación.
Del contenido de los expedientes filtrados y de los gravísimos señalamientos ahí documentados podemos irnos olvidando. Porque en este juego de fiscales carnales, hay dos grandes ganadoras: Sheinbaum y la impunidad.