El 13 de noviembre fue el cumpleaños 72 de Andrés Manuel López Obrador. Y ese mismo día, la nueva Suprema Corte de Justicia le entregó un regalo excepcional: ordenó que Ricardo Salinas Pliego pague casi cincuenta mil millones de pesos. Un obsequio político envuelto en papel de justicia fiscal.
Claudia Sheinbaum insiste en que no es personal ni político, que todo es estrictamente jurídico. ¿De verdad? ¿En serio esperan que creamos que no hay nada personal en agendar el caso Salinas Pliego justo en el cumpleaños de su mentor? ¿Que no es una ofrenda para el líder del movimiento que hoy controla la Corte? Hace falta muchísimo cinismo para sostenerlo.
Salinas Pliego se convirtió en uno de los opositores más duros e incómodos del régimen. Por eso, el mensaje es nítido. No solo para él, sino para todo el sector privado: si esto le hicieron al dueño de una televisora y uno de los empresarios más importantes del país, se lo pueden hacer a cualquiera sin ese tamaño económico o mediático.
Lo verdaderamente grave es el mecanismo. Detrás del fallo está una Corte completamente partidizada. No hay un solo integrante que no provenga de gobiernos de Morena o que sea incluso militante de ese partido. Es una Corte ilegítima, nacida de una sobrerrepresentación fraudulenta en la Cámara de Diputados, de la cooptación de legisladores en el Senado y de una elección con apenas diez por ciento de participación, donde circularon “acordeones” con los nombres de los ministros alineados al obradorismo.
Y no fue casualidad. Antes de discutir el fondo, la nueva Corte eliminó el impedimento promovido por Grupo Elektra para que Lenia Batres y Yasmín Esquivel no participaran por evidente parcialidad. Ese impedimento había sido aprobado por la Corte bajo Norma Piña. Ayer fue tirado sin ceremonia. Había que asegurar el pleno completo.
Después vino la operación en cascada. Primero desecharon el amparo contra el crédito principal, el de más de treinta y tres mil millones. Luego cuatro asuntos adicionales por diez mil millones. Y después dos casos de TV Azteca por cinco mil millones. Todo con el mismo marcador: nueve a cero. En una sola jornada resolvieron quince asuntos como trámites de ventanilla, con un único destinatario político y un único beneficiario emocional.
Salinas Pliego reveló la existencia de un acuerdo con Hacienda, en tiempos de López Obrador, para cerrar este litigio con un monto pactado. Hacienda lo negó, pero ahí están las declaraciones. Más aún: hace unas semanas dijo estar dispuesto a pagar lo que correspondiera. No a litigar, a pagar. Solo pidió claridad técnica y una reunión formal. Sheinbaum no quiso recibirlo. Había que esperar la sentencia de cumpleaños.
Las reacciones internacionales también cuentan. La Sociedad Interamericana de Prensa expresó preocupación por los fallos contra TV Azteca, advirtió riesgos para la libertad de expresión y señaló que las descalificaciones oficiales y las amenazas sobre concesiones pueden inhibir la labor periodística.
Mientras tanto, la realidad es inocultable. La Corte votó por consigna. Las garantías como el amparo quedaron reducidas. Y el mensaje para la inversión es devastador: en México, las reglas cambian según a quién se apliquen. Un golpe explosivo para un país que está por revisar el T-MEC y que enfrenta inquietud empresarial en Estados Unidos. ¿Qué empresa global va a invertir en un país donde el Poder Judicial dejó de ser contrapeso y se volvió herramienta partidista? ¿Qué seguridad jurídica hay cuando los casos sensibles se deciden según la conveniencia política del día?
El caso Salinas Pliego es hoy el símbolo perfecto del México que está construyendo Claudia Sheinbaum. Un país donde la justicia no se construye en tribunales, sino en cálculos de lealtad; donde los acuerdos se ocultan, las negociaciones se niegan y las sentencias sesgadas se celebran como trofeos; donde emitir un fallo el día del cumpleaños de López Obrador revela el verdadero motor del régimen: la obediencia y la necesidad de mandar señales de abyección política.
Esto no es justicia. No es institucionalidad. No es Estado de derecho. Es una tiranía administrativa disfrazada de legalidad. Cuando la política captura a los jueces, la democracia se vuelve fachada, la inversión se desploma y el país deja de ser confiable.
Lo que estaba probado en teoría hoy se confirma en la práctica: ya no existe división de poderes. La justicia dejó de ser institución y se convirtió en instrumento. La ley quedó subordinada a intereses políticos y la Corte es ya el brazo ejecutor del gobierno en turno.
Lo de Grupo Salinas no fue un fallo fiscal. Fue un acto de poder. Una ofrenda política enterrada en bandeja de plata. La demostración de que, el régimen ya puede usar el aparato judicial como arma, sin freno y sin pudor.
La Corte no falló contra un contribuyente. Ayer la Corte falló contra México.
Y el país, tristemente, vuelve a acostumbrarse.