El sistema de justicia en México está sufriendo en estos días sus últimos estertores. Ya mucha tinta ha corrido y muchas voces hemos denunciado la delicada etapa que atravesamos. El sistema de justicia penal actual —a pesar de sus defectos y limitaciones— había logrado brindar durante años un piso mínimo de certeza a quienes acudían a los tribunales en busca de protección frente a los abusos del poder.
No era un modelo perfecto, pero sí representaba un espacio donde ciudadanos, empresarios y familias podían encontrar una vía para defender sus derechos y una esperanza de justicia. Hoy, sin embargo, estamos siendo testigos de ese respiro final antes de ser reemplazado por un modelo que no responde a las demandas ciudadanas de una mejor justicia, sino al cálculo político de un oficialismo que decidió demoler todo contrapeso a su autoridad. Lo que ocurre no es una simple reestructuración administrativa: es la consumación de una venganza personal contra el Poder Judicial, convertido en blanco de ataques por no rendirse ante un mesías autoritario y atreverse a enfrentar las reformas retrógradas del gobierno morenista.
Recordemos que el origen de esta crisis se remonta a sus resoluciones que impidieron la militarización total del país, al freno que puso a las pretensiones de concentrar facultades en el Ejecutivo y al rechazo a iniciativas que buscaban reducir el federalismo a una formalidad vacía. Ese rotundo “no” —dique final ante un Legislativo rendido y que asumió su triste papel de una simple oficialía de partes— se convirtió en una afrenta personal para el Presidente, que decidió cobrar la factura. El resultado está a la vista: instituciones desmanteladas, salas cerradas, jueces intimidados y un nuevo sistema que se anuncia como democrático, pero que en realidad carece de legitimidad, pues es ridículo el número de ciudadanos que acudieron a votar y las numerosas irregularidades registradas, ahora sabemos con certeza que quienes acudieron fueron con su “acordeón” bajo el brazo.
La elección inédita del 1 de junio, para designar a más de 2,700 jueces y magistrados, se vendió como un ejercicio de democracia directa, pero en realidad fue una simulación. No hubo información sobre los perfiles, no hubo debates, no se exigió preparación técnica mínima. Lo que emergió de esa jornada no fue un Poder Judicial legítimo, sino un reparto de cargos entre quienes les garantizan lealtad política. Morena entendió que la venda en los ojos con la que se representa a la justicia no es porque sus resoluciones deben ser ciegas, sino porque puede ser manipulable.
Hoy, los juzgados que aún operan lo hacen en terribles condiciones: sin papel, sin impresoras, con oficios donde se pide incluso una memoria USB para poder trabajar. No se trata de austeridad, sino de sabotaje deliberado para debilitar al sistema antes de instalar al nuevo. Lo que viene no augura nada mejor: persecución política normalizada, espionaje institucionalizado y resoluciones filtradas por el interés del Ejecutivo.
Estamos seguros de que, a partir del 1 de septiembre, ninguna certeza legal será automática. Cada sentencia, cada resolución, cada decisión pasará primero por el filtro de la lealtad partidista. Ojalá y nos equivoquemos, y hacemos votos para que esta nueva conformación de ministros legitime su llegada con sus hechos y honre la historia de este poder independiente y autónomo.
El Poder Judicial fue un referente técnico y deliberativo que velaba por los derechos humanos de las personas. Hoy, ese legado está siendo destruido por un gobierno que confunde mayoría con impunidad y que pretende silenciar toda voz independiente. Desde Acción Nacional lo digo con claridad: México necesita jueces, no subordinados. La justicia no puede depender del capricho de un solo hombre.
Y aquí está lo más importante: esto no solo afecta a los tribunales o a los abogados, nos afecta a todos. Porque cuando la justicia se somete al poder, los ciudadanos quedamos indefensos. Cuando ya no hay jueces autónomos, cualquiera puede ser perseguido, cualquiera puede ser callado, cualquiera puede ser despojado de sus derechos. Por eso mi llamado es directo: no podemos resignarnos. La defensa de la justicia no es una tarea exclusiva de un partido o de un grupo, es responsabilidad de toda la sociedad. No hay que olvidar que los sistemas libres no desaparecen de golpe, sino cuando los ciudadanos dejan de defenderlos; por ello, la fuerza de la gente es lo que mantiene viva a la democracia. México merece un futuro de libertad y de justicia, y juntos lo vamos a defender.
Presidente del Partido Acción Nacional
