Una vez más, ondeando la bandera de la soberanía y apelando al sentido nacionalista de la defensa a nuestra patria, el gobierno federal, pretende abonar a su objetivo autoritario eliminando libertades y retrocediendo derechos democráticos que tanta lucha, tantos años y sangre han costado a generaciones de mexicanos.
Bajo el pretexto de combatir los mensajes de odio, xenófobos y discriminatorios hacia nuestros hermanos migrantes por parte de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, difundidos en cadenas nacionales de nuestro país, que por supuesto, condenamos enérgicamente. El Ejecutivo, lejos de combatir esta violación con el marco normativo ya existente, envía una iniciativa de ley de gran calado que plantea riesgos profundos para la libertad de expresión y el pluralismo informativo.
Por más que intenten disfrazarlo de “regulación”, lo que Morena impulsa con su iniciativa de reforma en telecomunicaciones es, en realidad, un intento abierto de control y censura. No es una exageración. No es un malentendido. Es autoritarismo digital, así de claro.
El gobierno quiere tener en sus manos la posibilidad de apagar cualquier plataforma, de decidir qué se puede ver, qué se puede decir, qué se puede escuchar. Hoy dicen que es para combatir contenidos indebidos; mañana, con los mismos instrumentos, podrían silenciar a periodistas, a medios críticos, a quienes pensamos distinto. ¿De verdad alguien cree que se puede confiar en un gobierno que cada vez que enfrenta una crítica responde con ataques y descalificaciones?
Desde el primer momento de la presentación de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en Acción Nacional manifestamos nuestro rechazo, como también lo hicieron organismos internacionales como la ONU a través de la oficina del Alto Comisionado, dueños de medios de comunicación, especialistas, académicos y miembros de partidos de la oposición; los políticos oficialistas, por su parte, aplaudieron la iniciativa y celebraron la censura, hasta que la propia titular del Ejecutivo se manifestó horas después, por “pausar su discusión en el pleno del Senado, llamar al análisis y discusión a especialistas e incluso, eliminar artículos como el 109, que causaban malestar”.
Lo preocupante es que, hasta ahora, la experiencia nos ha demostrado que los grupos parlamentarios del oficialismo en ambas cámaras, poco caso le han hecho a la Presidenta en algunos otros temas de gran interés; hasta este momento, ni una sola coma de la iniciativa ha cambiado. Nos dicen que van a corregir, que van a matizar, que no es su intención censurar. Pero los hechos hablan más que las intenciones: el proyecto sigue tal cual fue concebido, con todos los riesgos intactos. Y una mala ley no se arregla sobre la marcha ni con promesas de “interpretación benevolente”.
El tema central de esta reforma persiste: concentrar un poder desmedido en una sola agencia, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, subordinada al Ejecutivo. Una agencia que, además, tendría la facultad de decidir si una plataforma puede seguir operando o no, sin la menor garantía de imparcialidad, sin controles independientes, sin contrapesos. El sueño de cualquier régimen autoritario: ser juez y parte, controlar la narrativa, acallar la disidencia.
El procedimiento legislativo ha sido tan atropellado como el contenido de la iniciativa. Más de 200 páginas presentadas de la noche a la mañana, sin debate público, sin escuchar a especialistas, sin abrir el diálogo con las audiencias, los medios o las plataformas. Una ley construida de espaldas a la ciudadanía. Así no se legisla en una democracia.
No podemos permitir que nos vendan censura disfrazada de regulación. Llaman “bloqueo temporal” a lo que en realidad es la posibilidad de silenciar voces incómodas. Y cuando el poder decide qué es “incumplimiento”, cuando es el propio gobierno quien define las reglas y las sanciones, lo que está en juego es la libertad misma.
En Acción Nacional tenemos claro que esta batalla no es solo nuestra. Es una causa de todas y todos los que creemos en la democracia, de quienes sabemos que la libertad de expresión es un pilar que no se toca. Hoy es por las redes sociales, mañana puede ser por la prensa, la radio o la televisión. No hay censura buena ni censura necesaria. Si abrimos esa puerta, aunque sea un poco, lo que entra es la arbitrariedad.
Desde la Comisión de Radio y Televisión, en la Cámara de Diputados impulsamos la realización del foro “Reforma de Telecomunicaciones: Desafíos y Oportunidades” como un espacio abierto al diálogo, donde podamos escuchar las voces de la ciudadanía, especialistas, organizaciones y todos los actores involucrados en el sector.
Desde aquí lo decimos con toda claridad: si no existe un replanteamiento integral vamos a votar en contra de esta ley. Vamos a defender, sin titubeos, el derecho de la ciudadanía a decir, a preguntar, a criticar. A cuestionar al poder, como debe ser en cualquier sociedad libre.
La libertad no se negocia. Ni con eufemismos, ni con promesas, ni con bloqueos “temporales”.
