La democracia mexicana no nació perfecta, pero sí nació del acuerdo. De la negociación, de las cesiones mutuas y de luchas largas que tuvieron un objetivo claro: ponerle límites al poder y hacer que el voto de cada persona importara lo mismo. Por eso, cada vez que desde el gobierno, es decir, desde el poder no solo se anuncia, sino se diseña una reforma electoral, la pregunta obligada no es cuánto cambia el sistema, sino a quién pretende beneficiar ese cambio. Lo que genera suspicacias.
Hoy se vuelve a hablar de una reforma electoral. Se habla de austeridad, de eficiencia, de simplificación. Palabras que suenan bien y que, en abstracto, nadie podría rechazar. Pero en política lo importante no es el discurso, sino el contenido. Y cuando uno revisa lo que se empieza a poner sobre la mesa —por las propias filtraciones de quienes la están delineando y de la propia titular del ejecutivo que los nombró—, queda claro que no estamos frente a un simple ajuste administrativo, sino ante acciones que lo que pretenden es perpetuarse en el poder, eliminar los contrapesos y la instauración de un régimen autoritario como ya lo vimos en tantos países en la historia y como es ejemplo reciente Venezuela.
Estamos convencidos que cuando desde el poder se escriben las reglas, se impone al árbitro y se compite al mismo tiempo que la democracia muere. Los teóricos modernos que hablan de la pérdida o erosión democrática —como Ziblatt y Levitsky autores de Cómo mueren las democracias— aseguran que cualquier intento de modificación de normas electorales que venga desde el poder siempre estará acompañado de la intención de tener más poder y eliminar los equilibrios, el arbitraje y a la oposición. Por eso en México, desde hace más de 30 años, las reformas electorales han sido producto del consenso, del equilibrio y de la presión legítima de las minorías.
Desde Acción Nacional hemos decidido entrar a esta discusión con seriedad. No desde la estridencia ni desde la consigna fácil, sino desde una convicción profunda: la democracia no se fortalece debilitando a quienes piensan distinto. Reducir el sistema electoral no puede convertirse en sinónimo de reducir la pluralidad.
Durante años, México construyó un modelo que permitió que fuerzas políticas distintas convivieran en el Congreso. Ese modelo no fue una concesión graciosa del poder; fue una conquista de las minorías. Gracias a él hubo alternancia, hubo oposición real y hubo representación real para millones de ciudadanas y ciudadanos que, de otra forma, habrían quedado fuera de las decisiones públicas.
Hoy ese equilibrio está en riesgo. La sobrerrepresentación ha distorsionado la voluntad popular. Hay partidos que, con menos votos, obtienen más espacios. Eso no es pluralismo, es una simulación que erosiona la confianza ciudadana. Por eso debemos proponer reglas claras: que los cargos se asignen a quien realmente obtuvo los votos; que la afiliación partidista sea transparente; que se termine con las reinterpretaciones que acomodan los resultados después de la elección.
También es momento de plantear mecanismos que mejoren la representación, como reconocer a quienes compitieron en territorio, dieron la cara y obtuvieron respaldo ciudadano real, aunque no hayan ganado su distrito. La democracia se fortalece cuando se reconoce el esfuerzo legítimo, no cuando se premian listas cerradas alejadas de la ciudadanía.
Otro tema de fondo es la legitimidad. Gobernar un país tan diverso como México con porcentajes mínimos de votación genera debilidad desde el origen. Por eso propondremos una segunda vuelta electoral que permita un mayor respaldo social, fomente acuerdos y reduzca la polarización artificial que tanto daño le ha hecho al país.
Pero ninguna reforma electoral será suficiente si se sigue ignorando el problema del dinero ilegal y de procedencia ilícita. El crimen organizado no solo disputa territorios; también busca influir en elecciones. Pretender que la democracia puede competir en esas condiciones es cerrar los ojos ante la realidad. Por eso insistiremos en herramientas institucionales para investigar, fiscalizar y sancionar, sin excepciones ni simulaciones. En las actuales condiciones, reducir el financiamiento público a los partidos por que ahora, ya no lo necesitan o tienen otras fuentes de financiamiento -como ya lo hemos visto- es una trampa. Nosotros no defendemos el financiamiento público, lo que defendemos son controles.
En ese mismo sentido, debilitar a las autoridades electorales es un error grave. Un árbitro sin recursos, sin respaldo legal y con más cargas de trabajo es una receta segura para el conflicto y el fraude. Las instituciones electorales no están para quedar bien con nadie; están para garantizar certeza. Y la certeza cuesta, pero siempre cuesta menos que la desconfianza. Garantizar la democracia no tiene precio.
Se ha dicho que reducir presupuestos es una señal de compromiso con la gente. Yo sostengo algo distinto: el verdadero compromiso es asegurar elecciones limpias, bien organizadas y confiables. Lo demás es solo discurso. Si en verdad quisieran cuidar el dinero público no lo gastarían en obras monumentales ineficientes y plagadas de corrupción.
También hay que decirlo con honestidad: las reformas electorales que han funcionado en México nunca se construyeron desde una sola fuerza política. Intentar imponer una visión única en esta materia no es modernizar la democracia, es empobrecerla y retroceder décadas.
Acción Nacional no se va a cerrar a la discusión. Al contrario. Vamos a participar con propuestas, con argumentos y con responsabilidad. Pero también con claridad: no acompañaremos rutas que concentren el poder, reduzcan la representación o debiliten a las instituciones.
Las reglas del juego democrático no se cambian cuando el poder se siente cómodo. Se cuidan, se mejoran y se respetan pensando en el día en que ese poder ya no esté. Porque la democracia no pertenece a un gobierno. La democracia pertenece a la gente. Y a esa gente le debemos un sistema que funcione, que sea justo y que no se use como ruleta.
Presidente de Acción Nacional
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