Estados Unidos volvió a hacerlo. Esta semana, el Departamento del Tesoro sancionó a ocho mexicanos y doce empresas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. En cuestión de horas, todos quedaron fuera del sistema financiero internacional. Sin audiencia, sin juicio, sin derecho de defensa... sin amparo. Desde Washington se dictó lo que, en los hechos, equivale a una condena.
El anuncio encendió las reacciones de siempre. Unos hablaron de intromisión extranjera. Otros aplaudieron la eficacia de las sanciones. Pero la pregunta que realmente incomoda no es si Estados Unidos se excede, sino por qué México no actúa. Porque, cuando otro país puede castigar a nuestros criminales sin pasar por nuestras instituciones, la amenaza a la soberanía no viene del norte, sino de nuestra propia pasividad.
Es verdad que el crimen organizado opera en red y que el dinero sucio viaja sin pasaporte. Pero el derecho penal sí tiene fronteras. Y cada vez que el Tesoro estadounidense bloquea cuentas o empresas mexicanas, deja al descubierto algo más grave que el delito: la debilidad de nuestras fiscalías, la lentitud de los procesos y la falta de resultados tangibles en la lucha contra el lavado de dinero.
No podemos ignorar que buena parte de la información en la que se basan esas sanciones también está en manos mexicanas. La diferencia es que aquí suele dormir en los archivos. El mensaje es tan claro como incómodo. Ellos actúan, nosotros observamos. Allá las decisiones se toman en días; aquí las pesquisas fiscales y las carpetas de investigación se marchitan entre oficios, burocracia y política de la mala.
La cooperación internacional es necesaria, por supuesto que sí, pero no puede convertirse en muleta. Debería ser una herramienta, no un sustituto. Hoy, en cambio, se ha vuelto un espejo que nos muestra lo que no hemos querido ver, pues cada sanción extranjera es también una acusación moral. Si otro país puede señalar a nuestros delincuentes con nombre y apellido, ¿qué nos impide hacerlo nosotros?
Por ello, no se trata de rechazar la cooperación, sino de asumir la responsabilidad. México debería ser el primero en investigar y sancionar los delitos financieros que alimentan al crimen organizado. De lo contrario, seguiremos aplaudiendo con alivio que alguien más haga el trabajo que nos corresponde.
El argumento de la soberanía pierde sentido cuando el Estado renuncia a ejercerla. No hay independencia real sin capacidad de investigar, procesar y castigar. De poco sirve ondear la bandera del nacionalismo cuando nuestras instituciones se paralizan frente a los poderosos.
El verdadero reto no está en detener las sanciones del Tesoro, sino en volverlas innecesarias. Si México actuara con la misma determinación, las medidas de Washington sobrarían. Pero mientras la impunidad siga siendo el idioma oficial, cada acción extranjera seguirá pareciendo una lección sobre lo que un Estado puede hacer cuando se toma en serio la justicia.
La soberanía no se defiende con discursos inflamados, sino con instituciones que funcionen. Y mientras nuestras instituciones no reaccionen, seguiremos viviendo la paradoja de un país que presume independencia… pero que necesita que la justicia le llegue, una vez más, por valija diplomática.
Abogado penalista.jnaderk@naderabogados.com
