Finalmente, el Congreso de la Unión aprobó la nueva Ley de la Guardia Nacional (GN) que modifica el diseño institucional de la seguridad pública en México. La decisión no es menor. A partir de ahora, la GN queda plenamente integrada a la Secretaría de la Defensa Nacional, con un mando militar, una estructura castrense y facultades operativas e investigativas reforzadas. El modelo que nació con aspiraciones civiles se transformó de manera definitiva en una fuerza armada con funciones de seguridad pública.
La discusión no puede reducirse a tecnicismos. Lo que está ocurriendo es una reconfiguración profunda del equilibrio entre poder civil y poder militar en un área crítica del Estado. Quienes promovieron la reforma sostienen que esta nueva ley dota a la GN de certeza jurídica, estabilidad laboral para su personal y mayor eficacia en el combate al crimen organizado. Quienes la critican advierten riesgos para los derechos humanos, temen una concentración excesiva de poder en las Fuerzas Armadas y alertan sobre la desaparición del control civil.
La verdad es que ambas cosas son ciertas. Esta ley resuelve problemas reales que el diseño anterior había dejado sin respuesta. Pero también plantea riesgos que no deben ignorarse. Se elimina el mando civil en la operación cotidiana, se amplía el uso del fuero militar y se autoriza a la Guardia a desplegar funciones de inteligencia que requieren un control estricto y constante. La capacidad de vigilancia del Estado se incrementa, y con ella, la responsabilidad de usarla con legalidad y respeto a los derechos fundamentales.
México enfrenta niveles de violencia que han puesto en jaque a las instituciones y han cobrado miles de vidas. No se puede pedir paciencia indefinida a una sociedad que vive con miedo. Pero tampoco se puede normalizar que la seguridad pública quede al margen del escrutinio democrático. Una fuerza profesional, con disciplina, equipamiento y tecnología de punta, también debe estar sujeta a reglas claras, a límites precisos y a una supervisión efectiva.
El nuevo diseño legal puede funcionar si se aplica con rigor, transparencia y compromiso. Ya no hay pretextos. El Congreso hizo su parte. El Poder Ejecutivo tiene el respaldo jurídico que pedía. Las Fuerzas Armadas tienen los recursos, el marco legal y el margen institucional para consolidar una GN profesional, eficiente y respetuosa de los derechos humanos.
Ahora toca demostrar que esta reforma traerá resultados. Que la militarización de la seguridad no será sinónimo de autoritarismo, sino de orden bajo reglas. Que las herramientas se usarán para proteger a la sociedad. Que el poder que se les ha conferido se ejercerá con responsabilidad.
La ciudadanía ha cedido mucho con la esperanza de recuperar la tranquilidad. Ha aceptado la presencia de soldados en las calles, ha confiado en una estrategia que se aparta del modelo clásico de seguridad civil y ha sido testigo de una transformación que rompe inercias y esquemas. La apuesta es alta. Lo que está en juego es la credibilidad del Estado en su conjunto.
La Guardia Nacional ya tiene todo. Ahora tiene que responder. No puede fallar. Porque no hay margen para el fracaso. Y porque la seguridad de millones de personas depende de que esta vez, la fuerza del Estado esté al servicio de la legalidad, de la paz y de la justicia.
Jorge Nader Kuri, abogado penalista. X: @JorgeNaderK
