Gobernar también es responder

Gobernar México implica aceptar que México pueda juzgarnos. Esa obligación permanece cuando se entrega el despacho. Desde esa convicción, respaldo el propósito de la reforma sobre nacionalidad única aprobada este martes 22 de septiembre por la Cámara de Diputados y enviada al Senado. Su discusión merece ir más allá de las simpatías partidistas.

La votación en lo particular cerró con 334 votos favorables, 109 contrarios y una abstención. El proyecto exige renunciar a otra nacionalidad antes de solicitar el registro para contender por la Presidencia o por los ejecutivos de las entidades federativas. Su aplicación está prevista a partir del proceso electoral de 2028. Todavía debe completar el procedimiento de reforma constitucional.

Entiendo la preocupación de quienes ven en esta medida un agravio a nuestros migrantes. Existen razones legítimas para tener dos nacionalidades. Algunas se adquieren desde el nacimiento; otras expresan el arraigo de quien lleva décadas trabajando fuera de México y ha formado allá una familia. Esas historias merecen respeto. Conservar otra nacionalidad puede responder al deseo de pertenecer plenamente a la sociedad donde se vive.

Mi exigencia comienza cuando alguien pide gobernarnos. Entonces solicita una confianza extraordinaria y acepta obligaciones que exceden las de cualquier particular. Me parece razonable exigirle un vínculo jurídico exclusivo con el Estado cuyo poder ejercerá. La decisión de buscar ese cargo supone asumir sus cargas, incluso aquellas que obligan a renunciar a ventajas personales.

El artículo 32 constitucional ya reserva determinados cargos a mexicanos por nacimiento que mantengan exclusivamente esa nacionalidad. La legislación contempla, además, renuncias expresas para obtener el certificado correspondiente. La discusión actual profundiza una exigencia que cuenta con antecedentes en nuestro ordenamiento.

Sin embargo, el Senado deberá atender una cuestión decisiva: la renuncia presentada ante México y la pérdida efectiva de la nacionalidad extranjera producen consecuencias conforme a ordenamientos distintos. Por ejemplo, Estados Unidos establece su propio procedimiento de renuncia consular, sujeto a la aprobación del Departamento de Estado. La legislación deberá precisar, entonces, qué documentos acreditarán el cumplimiento del nuevo requisito.

También importa hablar con exactitud de la justicia. Una segunda nacionalidad deja subsistente la responsabilidad por delitos cometidos en México. Mi preocupación está en su posible utilización para buscar protección frente a las consecuencias del ejercicio del poder. La rendición de cuentas debe conservar plenamente su eficacia cualquiera que sea el pasaporte del antiguo gobernante.

Aquí llevaría el debate más lejos. Defiendo que el compromiso de nacionalidad exclusiva se asuma desde la candidatura y perdure después del encargo. Convertir esa convicción en una restricción permanente exige justificar cuidadosamente su proporcionalidad y su compatibilidad con los derechos fundamentales. Vale la pena discutirlo. Los efectos de una decisión gubernamental pueden conocerse mucho después de concluida una administración.

Por supuesto, responder ante México significa contar con defensa adecuada y comparecer ante jueces independientes. La exigencia de responsabilidad adquiere legitimidad cuando la investigación se sostiene en pruebas y el proceso ofrece garantías.

Aplicaría este criterio igualmente a aliados y adversarios. La honestidad se acredita mediante actos; un solo pasaporte también puede pertenecer a un corrupto. Precisamente por eso, esta reforma debe acompañarse de instituciones capaces de hacer efectiva la responsabilidad pública.

Quien pide el poder acepta compartir el destino de quienes se lo confían. Me parece justo exigirle que mantenga ese compromiso cuando lleguen las preguntas difíciles. El mandato termina; la obligación de responder permanece.

Jorge Nader Kuri, abogado penalista. X: @JorgeNaderK.

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