Entre la denuncia y la sentencia

Una sociedad democrática se reconoce por la forma en que protege a quien denuncia y por la seriedad con la que preserva la presunción de inocencia de quien ha sido señalado. Ambas obligaciones nacen de la misma Constitución y encuentran su punto de equilibrio en una institución esencial: la investigación.

La muerte del profesor que decidió quitarse la vida después de haber sido acusado de abuso sexual ha conmocionado al país. Más allá de las circunstancias particulares, que deberán permanecer sujetas al esclarecimiento de los hechos, el caso obliga a mirar un espacio del que poco se habla. Ese breve pero decisivo trayecto que existe entre la denuncia y la sentencia.

Durante los últimos años, México ha construido un marco jurídico que, con razón, busca eliminar los obstáculos que durante décadas impidieron a miles de mujeres denunciar la violencia sexual. Ese avance representa una conquista de la justicia. Al mismo tiempo, toda acusación exige una investigación capaz de distinguir con rigor los hechos acreditados de las hipótesis todavía pendientes de comprobación. La protección de las víctimas y la presunción de inocencia forman parte de un mismo sistema de garantías.

En determinados contextos, la complejidad aumenta. Escuelas, centros de trabajo y conflictos familiares relacionados con la custodia de hijos pequeños suelen concentrar relaciones personales intensas, emociones profundas y consecuencias inmediatas. La denuncia puede provocar la separación del docente, la suspensión del jefe, la restricción de convivencias familiares, la prisión preventiva oficiosa o una profunda condena social antes de que la autoridad haya reconstruido objetivamente lo ocurrido.

La respuesta no consiste en desconfiar de quien denuncia. Tampoco en convertir toda acusación en una verdad anticipada. El desafío consiste en elevar la calidad de las investigaciones.

Vale la pena abrir una reflexión nacional sobre la necesidad de protocolos especializados para estos escenarios. Protocolos que ordenen preservar de inmediato toda la evidencia disponible, entrevistar con técnicas científicas a quienes intervengan, evitar la contaminación de testimonios, analizar con el mismo rigor los datos de cargo y de descargo, revisar periódicamente las medidas preventivas adoptadas y concluir las investigaciones dentro de plazos razonables. Cada expediente merece una reconstrucción objetiva de los hechos y nunca una validación automática de la primera versión disponible.

También conviene preguntarnos por qué las denuncias deliberadamente falsas casi nunca generan una investigación específica cuando existen elementos objetivos que permitan sospechar su fabricación. La respuesta no debe traducirse en una persecución indiscriminada contra quienes acuden de buena fe a las autoridades. Significa, simplemente, que la búsqueda de la verdad también exige reaccionar cuando el sistema de justicia es utilizado para imputar hechos inventados.

La frecuencia estadística de estos casos podrá ser motivo de discusión académica. El debido proceso, en cambio, protege personas concretas. Cada víctima merece una investigación seria. Cada persona inocente merece que su inocencia pueda demostrarse. Cada autoridad tiene el deber de construir esa verdad mediante pruebas y no mediante percepciones.

Entre la denuncia y la sentencia existe un territorio donde todavía es posible evitar una injusticia. Ese espacio no pertenece a la sospecha ni a la condena anticipada. Pertenece a la investigación. Allí se encuentra, probablemente, una de las responsabilidades más delicadas del Estado y una de las condiciones indispensables para que la justicia conserve la confianza de la sociedad.

Abogado penalista. X: @JorgeNaderK

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