El Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum marca un giro que nadie debería pasar por alto. La Presidenta presumió la entrega de 29 criminales de alto perfil a Estados Unidos y una agenda de cooperación internacional con la DEA, el FBI, el ATF y el CBP. Su mensaje es inequívoco. México ya no rehúye la confrontación con los cárteles. Los enfrenta con inteligencia compartida y corresponsabilidad binacional.
El viraje es político y simbólico. Durante seis años, la consigna de “abrazos, no balazos” fue bandera de la 4T. Hoy, sin renegar de ella abiertamente, Sheinbaum la ha desmontado. Eligió el pragmatismo. Reconoció, sin decirlo, que esa política se agotó frente a un crimen que desangra al país. Y al hacerlo, puso distancia con el lema que movilizó a millones de votos.
El informe ofrece números contundentes. 24 reuniones bilaterales y nuevos acuerdos de seguridad con Washington. Pero detrás de las cifras aparece un recordatorio embarazoso. Celebramos las entregas como victorias inmediatas, aunque en realidad evidencian que nuestro sistema de justicia no puede procesar a los capos en casa. Los entregamos porque aquí la impunidad sigue siendo norma.
Hay un dilema que pocos mencionan. Estas entregas son mensajes de fuerza hacia fuera, pero de impotencia hacia dentro. El Estado mexicano muestra músculo al enviar delincuentes a juzgados extranjeros, pero a la par admite que no puede garantizar juicios eficaces ni sentencias firmes en su propio territorio.
Más aún, el efecto ciudadano es desigual. La cooperación internacional luce bien en los informes, pero en colonias y comunidades el miedo persiste. La señora que paga “cuota” al extorsionador o el joven desaparecido en un trayecto rutinario no sienten que la entrega de un capo a Nueva York cambie su realidad. El reto verdadero es devolver confianza a quienes padecen delitos cotidianos, esos que rara vez alcanzan los reflectores ni reciben justicia.
La relación con Estados Unidos entra, además, en un terreno resbaladizo. Washington pone sobre la mesa sus prioridades: fentanilo y migración. Son temas urgentes, sí, pero no necesariamente los que más duelen a la población mexicana, que enfrenta robos, secuestros y extorsiones. El desafío es equilibrar agendas. Cooperar sin que México termine alineando su política de seguridad más con los intereses del vecino del norte que con las necesidades de su propia gente.
Hay otro ángulo político que pasa desapercibido. Si el gobierno abandona las consignas que definieron la primera etapa de la 4T, debe construir un nuevo relato que explique hacia dónde vamos. De lo contrario, corre el riesgo de ser percibido como un gobierno reactivo, que improvisa frente a la violencia pero carece de un horizonte claro.
Fortalecer la cooperación y abrir canales de inteligencia con Washington puede dar frutos en el corto plazo. Pero si la estrategia depende de que otros juzguen lo que México no puede, la soberanía queda en entredicho.
Sin lugar a dudas, Sheinbaum ha corregido la pasividad de su antecesor y ha dado un paso que muchos reclamaban. Pero la pregunta de fondo sigue sin resolverse aún. ¿Estamos construyendo un modelo de seguridad propio y sostenible o apenas administrando la violencia con ayuda extranjera? Esa es la disyuntiva que definirá el sexenio.
Abogado penalista. X: @JorgeNaderK