En este año convergen tres reformas que modificarán sustancialmente el ámbito jurídico y las implicaciones sociales y políticas.
Iniciamos con la reforma electoral 2026, caracterizada por el rediseño del tablero.
La reforma electoral impulsada por el Ejecutivo será el eje central del periodo legislativo. Entre los temas en discusión están la revisión del sistema de representación proporcional, reducción del financiamiento público a partidos, redefinición de atribuciones del INE y de los Organismos Públicos Electorales (OPLEs) y la eventual reducción del número de legisladores.
Esto significa que el árbitro electoral y las reglas del juego estarán en disputa. Y cuando esto ocurre, la política se vuelve más impredecible e intensa.
De manera simultánea, en este 2026 inician los preparativos de las elecciones judiciales en 2027, que pueden leerse como un nuevo territorio político
Aunque no se muestra como una reforma judicial electoralizada, sí se discuten figuras como jueces sin rostro por temas de seguridad mientras se realizan procesos locales de elección o designación de jueces y magistrados, como en Sonora.
Asimismo, la agenda judicial se entrelaza con reformas penales, administrativas y de protección a jueces.
Esto abre una pregunta crucial:
¿Qué pasa cuando el sistema judicial entra en procesos de selección más visibles, públicos y disputados?
En cualquier país, cuando los cargos judiciales se vuelven electivos o altamente mediáticos, la frontera entre justicia y política se vuelve más porosa. ¿Se politizará la justicia abiertamente?
La justicia no se “politiza” de la nada; se visibiliza su dimensión política. Los procesos judiciales siempre tienen un componente político, pero cuando hay reformas electorales profundas, se discuten mecanismos de protección o anonimato para jueces, se ajustan códigos penales y administrativos y se realizan procesos de selección judicial en un clima de alta polarización. Entonces la política deja de ser subterránea y se vuelve explícita.
2026 será un año donde la justicia estará en el centro del debate público. No necesariamente porque se “corrompa”, sino porque se redefinirán sus atribuciones y discutirán sus mecanismos de selección. También se revisará su relación con el poder electoral.
La pregunta no es si habrá politización, sino qué tipo de politización. Hay politizaciones que degradan, como la captura, presión y propaganda. Y hay politizaciones que fortalecen transparencia, rendición de cuentas, debate público informado. El reto será distinguirlas.
Entonces 2026 no es solo un año de reformas, sino un lapso donde el país renegocia sus rituales de legitimidad. ¿Quién nombra, quién vigila, quién interpreta la ley, quién arbitra el conflicto?
Rector del Colegio Jurista