Entre 2018 y 2020 aumentó el riesgo de corrupción en las compras públicas en 59.51% de las instituciones federales al detectarse falta de competencia, poca transparencia e incumplimiento de la ley.
Asimismo, de los 107 mil 205 contratos que realizaron las 306 instituciones federales, por un monto de 477 mil millones de pesos, 74 de cada 100 fueron otorgados por adjudicación directa.
En este sexenio disminuyen licitaciones públicas y no se transparentan los gastos como marca la ley. Se emplean, en cambio, mecanismos como adjudicación directa, invitación restringida u otro tipo de contrataciones.
Incluso, de los 107 mil 205 contratos que realizan las 306 instituciones federales en su conjunto, por un monto de 477 mil millones de pesos; 74 de cada 100 fueron otorgados por adjudicación directa, 15 por licitación pública, 4 por invitación restringida y 6 en otro tipo de contrataciones.
Aunque el monto de los contratos por adjudicación directa y licitación pública se divide de forma más homogénea, conforme a la ley, presentando una distribución 44-56 por cada 100 pesos gastados, positiva a favor de las licitaciones públicas, 72 instituciones son omisas a la hora practicar la licitación pública.
De las 72 instituciones que entregan más del 90 por ciento de sus contratos sin realizar ninguna licitación pública, destacan la Secretaría de Marina, Fonatur y SEGOB, las cuales solo licitan el 0.0%, 0.3% y 1.5% de sus compras y gastos respectivamente. Vale mencionar que son las instituciones que realizan las obras emblemáticas del sexenio.
Ahora, al ampliar el margen de contracciones sin licitación al 50%, hay 184 instituciones que utilizaron procedimientos distintos a la licitación como regla para contratar bienes y servicios, lo que limita la competencia, puede generar precios más altos, menor calidad o irregularidades en el uso del dinero público.
Las dependencias gubernamentales que más dinero gastan sin realizar una licitación pública son la Secretaría de Marina (SEMAR), Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), Secretaría de Gobernación (SEGOB), Laboratorios y Reactivos Biológicos de México (BIRMEX), Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), DICONSA S.A. DE C.V. y Secretaría de Educación Pública (SEP).
El problema se agrava debido a que la plataforma CompraNet presenta irregularidades y vacíos de información que obstaculizan la transparencia en el gasto de las dependencias del gobierno, las cuales clasifican de manera equivocada la información de sus compras e impiden hacer un seguimiento del tipo de procedimiento para saber con precisión quiénes y cuántas licitaciones, invitaciones restringidas y adjudicaciones directas son realizadas por el gobierno.
Asimismo, al menos 129 mil millones de pesos correspondientes a mil 482 contratos se clasificaron de manera equivocada. Los que más incurren en estas prácticas son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), el Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIM) y la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte (SICT).
Vale remarcar que la adjudicación directa no garantiza las mejores condiciones de contratación mientras la licitación pública es el procedimiento de contratación que garantiza como regla general la obtención de las mejores condiciones de contratación y el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas aprovecha sólo parcialmente las ventajas de la competencia entre los licitantes.
Cuando no se favorecen las licitaciones públicas (Competencia), cumplimiento con obligaciones de transparencia (Transparencia) y cumplimiento con la Ley (Legalidad), se vislumbran nuevas efigies de corrupción en el país.
Rector del Colegio Jurista
