La reforma político‑electoral discutida para 2026 en México no elimina la representación proporcional, pero sí transforma profundamente su mecanismo, y ese cambio es lo que genera la percepción pública de que “rompe con las cúpulas partidistas”. Esto es lo que realmente plantea la iniciativa.
La propuesta no desaparece la representación proporcional, sino que elimina las listas cerradas tradicionales y las sustituye por mecanismos distintos:
En la Cámara de Diputados, los 200 escaños de representación proporcional se mantienen, pero se asignan de forma diferente: 97 serían para los “mejores perdedores” de cada partido, 95 se elegirían por voto directo en listas acotadas a un hombre y una mujer, ocho se reservarían para mexicanos en el extranjero.
En el Senado, sí se elimina la lista nacional de representación proporcional, reduciendo la cámara de 128 a 96 escaños. Esto significa que la representación proporcional sigue existiendo, pero ya no mediante listas cerradas elaboradas por las dirigencias partidistas.
Las notas periodísticas y análisis especializados señalan que el objetivo declarado del gobierno es evitar que los partidos designen plurinominales sin pasar por el voto directo. La presidenta del país sostiene que “nadie puede quedarse en su casa esperando ser el número uno de la lista pluri”.
Sin embargo, los análisis también muestran que la reforma no elimina la proporcionalidad, sino que cambia quién la controla. Algunos expertos advierten que el rediseño podría reconfigurar el equilibrio interno de los partidos, pero no necesariamente eliminar el poder de sus dirigencias mientras las fuerzas aliadas del propio gobierno mantienen resistencia y señalan que el nuevo modelo podría afectar la equidad partidista.
En síntesis: La reforma no elimina la representación proporcional, pero sí elimina el mecanismo que históricamente permite a las cúpulas partidistas decidir quién entra por esa vía.
Lo que se discute es si el nuevo modelo realmente democratiza la selección o simplemente la transforma.
Para ello deben considerarse estos factores:
Criterios de democratización o quién gana acceso, quién queda fuera, qué capacidades se requieren para participar y si el modelo reduce o desplaza las barreras existentes.
Redistribución del poder, incluso si amplía la participación, puede concentrar la capacidad de decisión en quienes diseñan, entrenan o interpretan el modelo.
Nuevas formas de exclusión, ya que la selección puede volverse más opaca, más técnica o más dependiente de datos que no todos pueden producir o controlar.
Efectos simbólicos. Aunque el proceso cambie, la percepción de justicia o legitimidad puede no hacerlo si los sesgos persisten.
Responsabilidad y transparencia. La democratización no es solo acceso, sino también la posibilidad de cuestionar, auditar y corregir el sistema.
En última instancia, lo que se discute no es solo si el nuevo modelo democratiza la selección o simplemente la transforma, sino qué tipo de poder redistribuye, a quién habilita, y qué nuevas formas de exclusión o dependencia introduce.
Rector del Colegio Jurista