Tras recibir “indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática” en México, el Comité de Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU decidió activar el procedimiento del artículo 34 de la Convención sobre la materia, que abre la posibilidad de “llevar urgentemente el asunto a la atención de la Asamblea General de la ONU”. Se trata de un hecho inédito porque es la primera vez que el CED invoca tal procedimiento.
Morena, Segob/SRE y la CNDH respondieron al CED con sendos comunicados, cada uno peor que el anterior. Por si el ridículo no fuera suficiente, el Senado adoptó un farragoso pronunciamiento, sin ninguna consecuencia práctica, en el que anuncia que exigirá una sanción contra el presidente del Comité. Sobre la reacción del partido oficial, el gobierno y el Senado hay poco que agregar, como no sea señalar las notables similitudes con el modus operandi de Cuba cada vez que es criticado por alguno de los procedimientos especiales de la ONU por las constantes violaciones de derechos humanos. Con sus ataques al CED, se comportaron como si fueran la versión mexicana del Partido Comunista, el Ministerio del Interior o los comités de Defensa de la Revolución. La actuación de la CNDH merece por lo menos unas líneas más: no solo ha abandonado a las víctimas de violaciones de derechos humanos sino que se ha transformado en un descarado protector del régimen al que debería vigilar, a menudo violando su mandato constitucional. La respuesta de la 4T solo confirma las preocupaciones del CED y su obligación de intervenir.
Se han desmenuzado ya los comunicados y el pronunciamiento, así como las escandalosas declaraciones posteriores de varias figuras del régimen. Yo me limitaré a subrayar el giro de 180º en la relación entre México y la ONU, que ha pasado de décadas de apoyo a una de abierta confrontación. Agrego también un par de apuntes con respecto a la invocación del artículo 34 de la Convención. Por una parte, los miles de desaparecidos acumulados son para los expertos la prueba más contundente de una práctica "generalizada o sistemática”. Por la otra, las desapariciones forzadas no se limitan a aquellas cometidas directamente por el Estado, como algunos argumentan, ni tienen que ser una “política de Estado”, como se apresuró a negar innecesariamente la Segob sin que mediara acusación alguna al respecto. De acuerdo con la Convención, desapariciones forzadas son también aquellas que sean “obra de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”. La palabra clave es, por lo pronto, aquiescencia, aunque estudiosos no descartan autorización o apoyo. Ante el alud de testimonios y evidencias, resulta difícil argumentar que no ha habido “aquiescencia del Estado” ya sea a nivel local, estatal o federal.
La crisis de derechos humanos va más allá de las desapariciones. Hace unos días se sumó a los críticos internacionales de nuestro país el Comité de Naciones Unidas sobre Trabajadores Migratorios con duras recomendaciones. Habrá más porque, a pesar de los esfuerzos de la 4T por aislar a México del mundo, la apertura de nuestro país al escrutinio internacional parece resistir. De ahí la furia del régimen. Enhorabuena porque si en gobiernos anteriores era complemento, hoy parece ser el único contrapeso.
Diplomático de carrera por 30 años, fue embajador en ONU-Ginebra, OEA y Países Bajos @amb_lomonaco
