Es muy pronto para saber si el gobierno de Claudia Sheinbaum correrá la misma suerte con rancho Izaguirre que el de Peña Nieto con Ayotzinapa, pero las similitudes entre ambas tragedias son muchas más de lo que la 4T está dispuesta a reconocer. Crisis de desaparecidos; vastos territorios bajo control del crimen organizado; una clase política soberbia, poco empática y enamorada del “hueso”; autoridades, fiscalías y policías incompetentes y corruptas en los tres niveles de gobierno, más preocupadas por cubrirse las espaldas que por encontrar la verdad. Ante la impunidad rampante, si hace una década era natural que se exigiera una investigación internacional, hoy lo es también.
Para Ayotzinapa algunos propusieron al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que colaboró en las negociaciones con los zapatistas, pero el Ejército y sectores conservadores del gobierno se opusieron. Al final se optó por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estableció el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y cuyo mandato fue rabiosamente apoyado por López Obrador y los agitadores de la época, muchos de los cuales eventualmente se convertirían en funcionarios o propagandistas del gobierno. Sin embargo, el protagonismo de los miembros del GIEI resultó contraproducente para la causa. Su relación con el gobierno de Peña Nieto terminó mal, lo mismo que años después con López Obrador, quien salió quemado al tratar de usarlos políticamente desde el poder para luego denostarlos cuando sus conclusiones resultaron incómodas. Es probable que a Peña Nieto le hubiera ido mejor con la discreción y el profesionalismo del CICR. Lo mismo ocurre con los familiares de las víctimas, quienes hoy están más confundidos que nunca, sobretodo después de que López Obrador optara por perseguir a los que investigaron el crimen en lugar de a quienes lo perpetraron.
Hace una década la oposición que ahora está en el poder fue implacable contra el gobierno de la época. “Fue el Estado”, repitieron hasta el cansancio los propagandistas del obradorato con respecto a Ayotzinapa. La consigna resultó demoledora porque no era una acusación penal sino, mucho más dañina a la larga, una de responsabilidad moral y política, concepto lamentablemente ajeno a los funcionarios de entonces. Claramente, sigue siendo igual. En rancho Izaguirre el fiscal ha tratado de eludir responsabilidades federales culpando a las autoridades estatales, provocando una alteración de la escena del crimen y caracterizándolo como campo de entrenamiento y no de exterminio, en abierta contradicción con sólidos testimonios y denuncias. Si en Ayotzinapa “fue el Estado”, en rancho Izaguirre también.
Aunque hoy la oposición es prácticamente inexistente, hay aguerridos colectivos de madres buscadoras que, a pesar de las amenazas desde el poder y el crimen organizado, no paran de luchar. Pese a la lamentable normalización de la violencia, la sociedad está horrorizada e indignada de nuevo ante los hallazgos de campos de exterminio que se acumulan. La desconfianza en las autoridades es la misma o incluso mayor que en 2014. Por ello, ha vuelto la demanda de recurrir a instancias internacionales, quizás el CICR. La reacción inicial de la presidenta Sheinbaum ante la sola sugerencia ha sido negativa. A pesar del fantasma de Palenque, debería reconsiderar, por las víctimas y por la salud de su propio gobierno.
Diplomático de carrera por 30 años, fue embajador en ONU-Ginebra, OEA y Países Bajos
@amb_lomonaco
