Las adicciones son un problema de salud pública de proporciones alarmantes en México. Aunque las cifras más recientes disponibles datan de 2017, se estima que alrededor de 7 millones de personas padecen un trastorno por uso de sustancias o dependencia al alcohol[1],[2]. Lamentablemente, en 2023, menos de 180,000 de ellas buscaron tratamiento, la mitad por metanfetaminas. Esto implica que por cada persona que recibe apoyo, hay 38 más viviendo con una enfermedad crónica y progresiva que no solo las deteriora a ellas, sino que también afecta a un promedio de cinco personas de su círculo cercano, generando además una carga económica por enfermedades, accidentes e inasistencias.[3],[4]
La situación en México es aún más crítica si se compara con los estándares globales. Mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que una de cada cinco personas con un trastorno por uso de sustancias recibe tratamiento a nivel mundial, nuestro país se encuentra muy por debajo de esa media. Lejos de mejorar, el panorama empeora: el presupuesto destinado a salud mental y adicciones para 2025 sufrió un recorte del 13%, una medida que reduce drásticamente las opciones de atención pública y contradice la recomendación de la OMS de invertir al menos el 5% del presupuesto de salud en este rubro.[5]
La escasez de recursos tanto oficiales como privados, sumada a la desinformación de las familias y la creciente complejidad de los casos, especialmente por el consumo de sustancias como el cristal o metanfetamina, ha propiciado la proliferación de los “anexos” o “granjas”. Estos centros improvisados, a menudo sin regulación, operan con internamientos sin criterios claros, condiciones indignas, y sin respeto a los derechos humanos ni a la ley. Cobran cuotas semanales en efectivo o en especie, ocupan inmuebles inadecuados para el número de personas atendidas y se ubican en zonas de alta vulnerabilidad económica. Sus “estrategias para la recuperación” incluyen prácticas que van desde el ingreso involuntario hasta la violencia, la humillación y la tortura. Además, carecen por completo de atención médica, vital durante el síndrome de abstinencia. Estas prácticas contravienen flagrantemente la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, que prohíbe el internamiento involuntario en centros de ayuda mutua e insta a referir a personas intoxicadas o con enfermedades crónicas a profesionales.[6]
La consecuencia más trágica de esta desregulación son las muertes. En 2024, al menos 94 personas perdieron la vida en estos 'anexos', lo que equivale a un promedio de dos muertes por semana, causadas por violencia física, suicidio, agresiones armadas y sobredosis. De estas lamentables cifras, solo una muerte ocurrió en un centro oficialmente reconocido, mientras que el resto sucedió en establecimientos irregulares.[7] La Comisión Nacional para la Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) solo avala 190 centros que cumplen con la NOM-028. De estos, se incluyen las unidades de internamiento de los Centros de Integración Juvenil (que reciben una parte significativa del presupuesto de salud mental y adicciones) y apenas unos 50 establecimientos residenciales de ayuda mutua. Esta cifra es notoriamente insuficiente para atender la demanda existente.[8]
Es imperativo que el Estado, por medio de la CONASAMA, actúe para evitar que los “anexos” y “granjas” sigan poniendo en riesgo la vida de las personas en aras de la recuperación. Para ello, debe ofrecer alternativas de capacitación y acompañamiento a las organizaciones que deseen cumplir con la normativa y brindar un modelo de atención digno y adecuado. Asimismo, es crucial difundir la importancia de acudir a centros autorizados para recibir un tratamiento seguro y eficaz.
¿Qué pueden hacer las familias si tienen un miembro con problemas de consumo de alcohol y drogas?
- Buscar ayuda especializada: es fundamental acudir a un especialista en adicciones. No basta con que sea psicólogo o psiquiatra; es crucial que tenga experiencia específica en estos casos para brindar una orientación adecuada.
- Reconocer el impacto y buscar apoyo familiar: es importante aceptar que el consumo de alcohol y/o drogas de un miembro ha afectado al resto de la familia. Por ello, se requiere apoyo que incluya terapias individuales, de pareja, familiares, y la participación en grupos de ayuda mutua como Familias Anónimas y Al-Anon.
- Informarse a fondo sobre la adicción: educarse sobre la enfermedad de la adicción, sus consecuencias y las diversas alternativas de tratamiento disponibles es un paso esencial.
¿Cuáles son los criterios para seleccionar un centro de tratamiento de adicciones?
- Ajuste al perfil del paciente: el modelo de tratamiento debe adaptarse a las características individuales de la persona con adicción (sexo, edad, tipo de sustancia, tiempo de consumo, etc.).
- Autorización oficial: el centro de tratamiento debe contar con la autorización de la CONASAMA.
- Rehabilitación integral y familiar: el modelo debe incluir un enfoque de rehabilitación integral que también involucre a la familia.
- Programa de postratamiento: debe contemplar un programa de seguimiento y postratamiento centrado en la prevención de recaídas.
- Soporte científico: el modelo de tratamiento debe estar fundamentado en evidencia científica.
El alcoholismo y la drogadicción son una crisis de salud pública que exige acción inmediata para rescatar a millones de mexicanas y mexicanos, permitiéndoles recuperar sus vidas, ser productivos y construir una sociedad mejor.
Fundador del Centro de Estudios Superiores Monte Fénix
